Integraban -junto a una tercera persona- una asociación ilícita destinada a recibir productos robados a empresas agropecuarias y campos del suroeste de la provincia. En un galpón los adulteraban y fraccionaban en distintos envases. Conforme la acusación, les colocaban etiquetas originales de otras marcas y con fecha de vencimiento vigente cuando en realidad estaban vencidos.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba, integrado de forma unipersonal por la jueza María Noel Costa, condenó a penas de 5 años y 6 meses de prisión y de 3 años de ejecución en suspenso, respectivamente, a dos hombres acusados de integrar una asociación ilícita (con una tercera persona fallecida antes del debate) destinada a recibir agroquímicos robados, adulterarlos y posteriormente comercializarlos modificando su fecha de vencimiento para disimular su caducidad. Asimismo, fueron condenados a pagar 3 millones de pesos en concepto de multa.

En el juicio intervino el Fiscal General Carlos Gonella. La causa tuvo origen tras una serie de robos de agroquímicos en la zona de Bell Ville. De acuerdo a la acusación, ambos condenados se asociaron con el fallecido Dante Albín (hermano de José y padre de Rodrigo, los ahora condenados) para cometer hechos vinculados a la obtención, acopio, manipulación, fraccionamiento y adulteración de productos agroquímicos en un depósito de su propiedad.

Gonella en su alegato resaltó que para llevar a cabo la adulteración, los acusados obtenían bidones vacíos, los rellenaban le aplicaban etiquetas con fechas de vencimiento apócrifas y los tapaban con tapas nuevas que sellaban para simular que estuvieran envasados de fábrica. El fiscal manifestó que, si bien en su declaración indagatoria Rodrigo Albín Martín negó conocer los hechos inculcados a su padre, su participación surgía de indicios de las escuchas, por lo que el representante del MPF indicó que el acusado no podía desconocer la actividad delictiva que su padre y su tío desarrollaban en el galpón. También aludió a un intercambio entre Albín Martín y su padre en el que explícitamente se hace mención al robo de agroquímicos y su potencial precio de venta.

En definitiva para el Ministerio Público Fiscal, “no solo se violó la ley que regula su actividad profesional en cuanto le impone ajustarse a deberes éticos y legales, sino especialmente la ley 25.246, que le impone concretos deberes de prevención de criminalidad económica y/o delitos precedentes a a los contadores públicos”