La Unidad de Información Financiera dispuso un congelamiento de sus activos bajo la sospecha de financiamiento del terrorismo.
Un colombiano residente en una localidad de Córdoba presentó una acción de protección de datos personales ante el Juzgado Federal de San Francisco para solicitar la supresión de su nombre del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet).
Miguel Ángel Fierro Uribe, a través del defensor público oficial Esteban Lozada, sostuvo que su inclusión en la lista es indebida, ya que las medidas administrativas que la originaron caducaron y no existe ninguna resolución judicial vigente que ordene el congelamiento de sus bienes o ratifique su vinculación con actividades terroristas.
¿Cuál es la sospecha sobre Fierro Uribe?
La investigación contra el colombiano se originó a partir de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), que llevó a la Unidad de Información Financiera (UIF) a emitir el congelamiento por seis meses de bienes y dinero de él y del sirio Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law bajo la sospecha de financiamiento del terrorismo.
La información de la UIF, remitida luego a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), sostuvo que Fierro Uribe realizó 34 transacciones por un total de 1.328,52 USDT (una criptomoneda) entre marzo y junio de 2024 a través de una billetera virtual The Badger Technology Company (Bitso), con sede en Gibraltar.
La operatoria se encontraría vinculada de forma indirecta con otra billetera virtual sospechosa de financiar al terrorismo. Es decir que la cuenta del colombiano en Bitso habría estado asociada a Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law, sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por haber provisto billeteras virtuales a la organización Hezbollah con la finalidad de que esas billeteras recibieran fondos de la Fuerza Qods del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Asimismo, autoridades israelíes habrían confiscado criptoactivos por 1,7 millones de dólares que se habrían encontrado en una billetera virtual de Al-Law y que habrían formado parte de la infraestructura de financiamiento de terrorismo basada en criptomonedas administrada por Hezbollah y Qods.
Fierro Uribe también habría realizado una operatoria a través del proveedor de servicios de pago NVIO Pagos Argentina (perteneciente al grupo Bitso) que habría registrado fondos operados por millones de pesos. Luego, tanto Bitso como NVIO cerraron las cuentas del colombiano.
Además, la UIF hizo referencia a otra multiplicidad de transacciones que habrían tenido lugar en diversas entidades bancarias y proveedor de servicios de pago respecto de las cuales Fierro Uribe no habría podido justificar el origen de los fondos canalizados lo que habría motivado la emisión de distintos ROS.
En síntesis, la UIF detalló que en el período comprendido entre marzo de 2022 y febrero de 2023, el colombiano habría registrado créditos y débitos por al menos $ 76.226.010 y $ 73.583.206, respectivamente, y que registraría «un perfil transaccional en múltiples entidades financieras y billeteras digitales, compatible con actividades de arbitraje de criptoactivos, cuestión esta última que impediría descartar la hipótesis de que, a través de tales actividades, pueda canalizar fondos involucrados con actividades o entidades relacionadas con el financiamiento del terrorismo».
Ante ese escenario, la UIF concluyó que los datos “generan altos niveles de sospecha respecto de que los fondos recibidos por Fierro Uribe mediante las 34 transacciones de activos virtuales USDT (…) puedan estar vinculados al financiamiento del terrorismo, terrorismo y/o actos terroristas (…). En función de lo expuesto, se considera a la operatoria desarrollada por Fierro Uribe (…) y Al-Law (…) como sospechosa de financiamiento del terrorismo».
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A su vez, familiares del colombiano habrían realizado 20 transacciones por medio de dos billeteras registradas por esas personas en Bitso (luego cerradas también). Tal operatorias se encontraría vinculada de manera indirecta con la billetera sospechosa de actividad de financiamiento de terrorismo por su relación con Ak-Law.
Parte de esos fondos, según la UIF, habrían sido destinados a personas humanas y jurídicas legalmente constituidas en Argentina con actividades declaradas, sin que surgiera alguna vinculación entre esas personas y empresas con el financiamiento del terrorismo.
La fiscal subrogante de San Francisco, María Schianni, busca determinar la trazabilidad de los flujos de criptoactivos y la legitimidad de las operaciones bancarias realizadas por los investigados.
Reclamo del colombiano
Fierro Uribe presentó un habeas data para que su nombre fuera borrado del Repet. Para justificar el planteo dijo que la UIF y la Procelac habrían relativizado las sospechas sobre él, desplazando así el foco hacia una hipótesis vinculada a un presunto lavado de activos a través de la compraventa de criptomonedas.
El colombiano rechazó las sospechas al afirmar que su actividad económica es lícita. Dijo que aportó pruebas sobre la trazabilidad de sus fondos y que la vinculación con el terrorismo carece de sustento tras más de 400 días de proceso judicial sin que se haya dictado un procesamiento en su contra.
Ante este escenario, busca que su nombre sea eliminado del Repet porque, en su entender, vulnera derechos fundamentales, debido a que la medida administrativa original venció en febrero de 2025 y no fue prorrogada por orden judicial, lo que convierte al almacenamiento de sus datos en una acción desproporcionada y carente de objeto legal.
Fierro Uribe dijo que la exposición en el registro le genera un perjuicio irreparable en su vida cotidiana y familiar, impidiéndole por ejemplo viajar para visitar a su madre enferma en Colombia por temor a que le prohíban su reingreso a la Argentina.
Foto: Dólares. (Pixabay.com)
