La Cámara Federal ratificó la resolución de primera instancia al rechazar la apelación de la defensa. Declaró desistido el recurso de la otra imputada, Luciana de los Ángeles Castro.
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba capital confirmó el procesamiento y embargo del exlegislador Guillermo Ceferino Kraisman como presunto partícipe necesario del uso ilegítimo del DNI de la “empleada fantasma” de la Legislatura para extraer casi un millón de su cuenta bancaria.
La resolución de la Sala B ratificó lo dictaminado previamente por el Juzgado Federal N° 2 y también confirmó el procesamiento de la supuesta cómplice de Kraisman, Luciana de los Ángeles Castro, al declarar desistido tácitamente el recurso.
Kraisman, exasesor en la Legislatura, funcionario de la primera gestión del fallecido exgobernadorJosé Manuel de la Sota y exfuncionario del exintendente capitalino Germán Kammerath, fue enviado a juicio por el intento de robo de comida.
El caso de Guillermo Kraisman en Córdoba
La Fiscalía Federal N° 1 acusó a Kraisman de haber obtenido el DNI perteneciente a Virginia Elizabeth Martínez, la “empleada fantasma” de la Legislatura y se lo hizo llegar a Castro.
Así, el 16 de enero de 2025, ambos asistieron a la sucursal del Banco de Córdoba ubicada en barrio General Paz, de esa Capital, donde Castro se habría identificado falsamente con el DNI de Martínez para gestionar la apertura de una caja de ahorro, registrar firmas e intentar retirar la suma de $ 950 mil.
Las empleadas bancarias detectaron incongruencias entre la imagen del DNI y el aspecto de la mujer, así como en los rasgos de la firma, por lo que dieron aviso a la Policía. Finalmente, Kraisman y Castro fueron detenidos.
De las declaraciones testimoniales surgió que la madre de Martínez le había entregado el DNI de su hija a Kraisman sin autorización de la mujer, bajo la promesa de tramitar el cobro de una ayuda económica.
El Juzgado Federal N° 2 procesó a ambos y fundó la medida en que el uso del DNI resultó ilegítimo al haber sido obtenido de forma antijurídica y sin el consentimiento de su titular.
Respecto a Kraisman, el juzgado consideró que su intervención fue determinante e imprescindible al haber aportado el DNI ajeno y al haber acompañado presencialmente a Castro durante la maniobra bancaria, lo que configuraba una cooperación necesaria.
Apelación y fallo de la Cámara
La defensa de Kraisman apeló el procesamiento y sostuvo que su representado actuó de buena fe creyendo que realizaba una gestión administrativa válida y que la entrega del DNI por parte de la madre desplazaba la ilicitud.
Argumentó que su sola presencia en el banco constituyó un acto neutro sin dolo ni nexo causal, que su aporte no fue imprescindible y que no existió perjuicio patrimonial, pidiendo por ello el sobreseimiento y el levantamiento del embargo de $ 1,5 millones.
Por otro lado, la defensa pública de Castro también apeló. Cuestionó la tipicidad del hecho y planteó la supuesta desproporción en la sanción por supuestos daños sufridos durante la detención. Sin embargo, al no presentar el informe de fundamentación requerido ante la alzada, la Cámara lo tuvo por desistido tácitamente.
Finalmente, la Cámara rechazó los argumentos de Kraisman y confirmó su procesamiento y embargo.
Al respecto, señaló que el suministro del DNI ajeno junto con la presencia física en el lugar del hecho constituía un aporte relevante que va más allá de una conducta neutra.
Concluyó que no se acreditó la existencia de un error invencible, que las pruebas reunidas alcanzan el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal y que no resulta aplicable el principio de insignificancia, dado que se vieron afectados la fe pública y el patrimonio.
A juicio en la Justicia provincial
Por otro lado, Kraisman deberá afrontar un juicio en la Justicia provincial por dos hechos: por un lado, por presunta defraudación en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa (por el caso de la empleada «fantasma» de la Legislatura) y, por otro, por el intento de sustracción de comida de un supermercado.
Las defensas de el exconcejal y de Castro solicitaron la probation para evitar el juicio, pero la Fiscalía de Cámara subrogante, a cargo de Fernando López Villagra, se opuso y la Cámara 10ª del Crimen no hizo lugar al pedido.
Los imputados casaron la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y pidieron la nulidad del fallo y la concesión de la medida. Sin embargo, la Sala Penal, con los votos de Aida Tarditti, María Cáceres y Luis Rubio, rechazó los recursos y confirmó así el juicio.
Foto: Guillermo Kraisman. (La Voz)
