La Cámara Federal sostuvo que el fuero ordinario intervino por los delitos de estafas y asociación ilícita, divisibles de los federales bajo sospecha: lavado y evasión.
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba capital confirmó el rechazo al pedido de la defensa del imputado Ricardo Beretta para que el fuero de excepción solicite a la Justicia provincial el envío de la causa de la falsa criptomoneda One Coin por estafas y asociación ilícita por la que ya fue condenado.
El tribunal confirmó así la resolución del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, que determinó que los delitos de fuero común tramitados en la Justicia ordinaria son independientes de las investigaciones federales por presunto lavado y evasión fiscal.
El caso One Coin
La causa comenzó en la Justicia provincial, donde este año la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba juzgó estafas reiteradas en perjuicio de particulares cometidas mediante la comercialización de la falsa criptomoneda One Coin, así como la conformación de una asociación ilícita.
Además de Beretta (recibió siete años de prisión) fueron condenados Edgar Moreno (seis años y 11 meses de prisión); Alejandro Taylor (nueve años); Ariel Eduardo Morasut (seis años y 11 meses); Mariana Noel López (tres años y 10 meses); Manuel Peralta Guevara (ocho años); Andrés Matías López (seis años y medio); Aldo Javier Leguizamón (tres años de condicional); Nancy Díaz (tres años en suspenso); Mónica Gabriela Blasco (seis años y 11 meses); Daniel Cornaglia (seis años y medio); y Adolfo Gustavo Amuchástegui (ocho años), publicó La Voz.
En ese marco, el Juzgado Federal N° 3 resolvió no hacer lugar al planteo de inhibitoria presentado por Beretta. Basándose en el dictamen de la Fiscalía Federal N° 2 y en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, concluyó que los delitos investigados en la Justicia provincial (estafas y asociación ilícita) son plenamente divisibles de los de competencia federal que se investigan de forma autónoma (lavado y evasión tributaria).
Apelación de la defensa
La defensa apeló ante la Cámara Federal al alegar vulneración al principio de congruencia, arbitrariedad en la fundamentación y un error metodológico al dividir los hechos en dos fenómenos independientes.
Sostuvo que existe una única e indivisible asociación ilícita transnacional estructurada en dos niveles: un nivel local de captación de fondos (liderado por Gustavo Adolfo Amuchástegui y ODT Argentina SA) y un nivel internacional de dirección y fuga de capitales hacia Panamá (a través de ODT Panamá SA y financieras) por un monto superior a los U$S 3 millones.
Advirtió sobre un riesgo de gravedad institucional si la Justicia provincial dictaba condena por hechos parciales, lo que según la defensa bloquearía la persecución de la verdadera trama transnacional e impediría el recupero de activos dada la falta de herramientas de cooperación internacional en el fuero ordinario.
Fallo de la Cámara Federal
La Cámara desestimó la pretensión de la defensa y confirmó el fallo del Juzgado N° 3. Recordó la doctrina de la Corte según la cual la competencia federal es excepcional y estrictamente condicionada a la afectación directa de los intereses del Estado nacional o del orden económico-financiero.
En ese sentido, aclaró que la aplicación de convenios internacionales de cooperación contra el crimen organizado no altera la distribución constitucional de competencias entre Nación y provincias ni transforma delitos comunes en federales por el mero uso de plataformas informáticas o estructuras societarias extranjeras.
Además, ratificó que ante una pluralidad de hechos corresponde juzgar separadamente los delitos comunes de los federales. Las estafas a particulares mediante la venta OneCoin constituyen el objeto del proceso en la Justicia provincial, mientras que el eventual lavado o evasión de lo producido por esas maniobras forman parte de investigaciones autónomas en la jurisdicción federal que no desplazan la competencia ordinaria para juzgar el delito común precedente.
Asimismo, destacó que la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba ya dictó sentencia en abril pasado y condenó a Beretta como coautor de asociación ilícita (en carácter de organizador) y estafas reiteradas.
Habiéndose celebrado ese juicio e impuesto la condena —pendiente de firmeza por recursos de apelación—, propiciar en esta instancia la acumulación del legajo provincial generaría una disrupción procesal contraria a los principios de celeridad, economía procesal y seguridad jurídica, habiendo además devenido la pretensión en abstracta.
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