El Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba hizo lugar a la reparación integral del perjuicio en contra del Municipio.
El Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba capital sobreseyó al exintendente de la localidad de Bialet Massé Edgardo Gustavo Pueyo y a la exsecretaria de Coordinación, Economía y Finanzas Alba Nélida Caballero, acusados de peculado, tras donar más de nueve mil dólares como reparación integral del perjuicio en contra del Municipio local.
El tribunal, integrado por Carolina Prado, Noel Costa y José Asís, hizo lugar en diciembre pasado a la reparación y ahora dictó los sobreseimientos una vez cancelado el pago.
Las maniobras con fondos nacionales y el perjuicio
La acusación fiscal sostuvo que, entre febrero y noviembre de 2015, Pueyo (52), en su carácter de intendente, y Caballero (59), como secretaria de Coordinación, Economía y Finanzas, “sustrajeron ilegítimamente” fondos transferidos por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) al Municipio.
Estos aportes, realizados en el marco del programa «Plan más cerca, más Municipio, mejor país, más Patria», tenían como fin la refuncionalización del servicio municipal de agua, con un presupuesto total de 1.108.410 de pesos.
El Estado nacional envió cinco desembolsos por 221.682 de pesos, $ 249.400, $ 239.688, $ 172.344 y $ 122.842.
Sin embargo, un peritaje contable determinó que los imputados se apropiaron ilegalmente de $ 104.902 proyectados para la ejecución de la obra. Pero ello no sucedió, ya que solo se ejecutó un 40 por ciento.
Además, se instaló cañería distinta a la proyectada y presupuestada y no se realizaron los 2.800 metros de recambio de cañería antigua por PVC, perjudicando así económicamente a la administración nacional.
La propuesta de reparación: dólares y equipamiento escolar
La causa fue elevada a juicio y las defensas técnicas ofrecieron entregar dinero a la Municipalidad como reparación del daño para cerrar la causa y ser sobreseídos. Así, comenzaron negociaciones con la Oficina de Medidas Alternativas del Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal general Carlos Gonella, y la Municipalidad local (damnificada).
Los imputados acreditaron haber depositado previamente, en 2023, $ 1.580.208 en una cuenta de la Municipalidad, cifra que incluía intereses judiciales sobre el monto original del peculado.
Posteriormente, reformularon la oferta para incluir un pago adicional de 9.374 dólares en un solo pago total y no en cuotas, como inicialmente habían propuesto.
Complementariamente, Pueyo y Caballero ofrecieron una reparación de carácter social consistente en la donación de un puesto de trabajo completo —un escritorio, una mesa de computadora y un sillón ejecutivo— al Instituto Serviliano Díaz de la pequeña localidad. Asimismo, se comprometieron a hacerse cargo de las costas del proceso legal.
El aval de la fiscalía y la Oficina de Resolución de Conflictos de Córdoba
La auxiliar fiscal Lorena Martelli, en representación de la Oficina de Medidas Alternativas, dictaminó a favor de la propuesta tras considerar que la suma total ofrecida, que alcanzó los U$S 11 mil (si se suma lo ya abonado en 2023), resultaba adecuada y razonable frente al proceso inflacionario reinante en el país.
La fiscalía argumentó que, si bien los acusados eran funcionarios públicos al momento del hecho, la jurisprudencia de la jurisdicción es pacífica en aceptar la reparación integral en estos casos.
Por su parte, el representante de la Municipalidad manifestó que el ofrecimiento de reparación satisfacía los intereses de la comunidad mucho más que la persecución de una sanción meramente punitiva, y pidió que los imputados abonaran las costas.
El cambio de paradigma
El Tribunal N° 2 destacó que si bien Pueyo y Caballero revestían la calidad de “funcionario público” al momento del hecho, lo que haría improcedente la propuesta efectuada por una prohibición contenida en el Código Procesal Penal Federal (CPPF), ésta no se encuentra implementada aún, por lo que carecía de operatividad.
Sin embargo, remarcaron que los jueces y el Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social.
De esta forma, indicaron que la resolución del caso fue abordada “desde la prudente perspectiva del delito como ‘conflicto’ y del proceso penal como medio de canalización y/o de su resolución”.
Ante el dictamen a favor de la auxiliar fiscal a la propuesta reparatoria, el visto bueno de la Municipalidad, el tiempo transcurrido desde el hecho atribuido (más de 10 años), los jueces hicieron lugar a la reparación.
A fines de febrero, Pueyo (actualmente dijo ser administrador de un predio familiar) y Caballero (licenciada en Gestión Pública y jubilada) transfirieron al Municipio los U$S 9.374 y donaron el juego de escritorio al instituto local, por lo que fueron sobreseídos.
Foto principal: El exintendente Pueyo. (Captura/©Google Street View/Facebook Municipalidad de Bialet Massé)
