Luego de los reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal y del Procurador General, Eduardo Casal, con la firma del Secretario de Justicia de la Nación Sebastián Amerio -el Ministro Libarona en uso de una licencia-, se resolvió postergar por segunda vez la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en Comodoro Py. La nueva fecha fijada para el debut del sistema, en Capital Federal, es el 20 de abril del 2026.

Ahora bien, esta situación de demora o postergación que se da en el principal edificio de la Justicia Federal Argentina, también sucede en varias sedes judiciales del resto del país. La aceleración de la implementación sin los recursos humanos, materiales ni técnicos necesarios puede llevar al colapso de un ya “saturado” sistema judicial.

La calificación de “saturado”, no es una mera apreciación personal o una mirada subjetiva de quién escribe esta columna de opinión, sino una realidad expuesta por los propios operadores de la Justicia Federal. Muestra de ello son los insistentes pronunciamientos de los presidentes de las Cámaras Federales, con competencia penal, que advirtieron que el recorte del presupuesto anual pondría en riesgo la independencia judicial y el funcionamiento de los tribunales.

Párrafo aparte para los contrapuntos que se dan entre los paradigmas del nuevo código procesal penal; por un lado, están quiénes celebran la llegada de un sistema acusatorio “ágil, eficiente y respetuoso de la imparcialidad judicial”. Por otro, voces expertas alertan sobre “graves contradicciones internas y un posible conflicto con los pilares del ordenamiento constitucional argentino”.

Volviendo a la cuestión de recursos para el funcionamiento de la justicia y las implementaciones que se pretenden, la situación actual no tiene precedentes: el 32,5% de los puestos de jueces nacionales y federales se encuentran vacíos o con subrogancias. El número es aún más grave para el Ministerio Público Fiscal: el 46,8% de los despachos se encuentran sin fiscales en carácter de titular.

Entonces un cambio de paradigma para el Ministerio Público Fiscal, que pasaría de ser un órgano de acusación a ser un órgano de la investigación y de la persecución penal, significa un mayor presupuesto para su organización y recursos para su operación. Elementos que hoy la justicia tiene limitados y no son suficientes.

Desde la UEJN, también se denunció y advirtió la grave situación en la que se encuentra la justicia. Esto lo dejaron explicitado a través de un informe en el que se alertó sobre las consecuencias que generó la prórroga del presupuesto 2023, realizada por el Gobierno de Milei y la profundización de la crisis en el sistema judicial que puede provocar el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026.

Originalmente, la Corte Suprema de Justicia había aprobado la suma $378.087.606.265, mientras que el Consejo de la Magistratura estimó la suma de $2.007.943.778.229 para el funcionamiento del Poder Judicial; pero ese monto no se vio reflejado en el texto final presentado por el Ejecutivo Nacional.

El informe presentado por la Unión de Empleados de Justicia de la Nación se resaltó que el punto más crítico del Proyecto de Ley de Presupuesto 2026, se ubica en el Inciso 4 – Bienes de Uso, donde el Poder Ejecutivo asignó apenas la suma de $7.627 millones, lo que representa solo el 26% de las necesidades estimadas para el próximo año, fijadas por el Consejo de la Magistratura en $28.974.000.000. Esa reducción del 74% impactará directamente en infraestructura edilicia, equipamiento tecnológico y mantenimiento de los edificios judiciales.

Por todo esto, desde la Unión también se realizó la presentación de una nota  ante el Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En la misma se dejó explicitado qué: “La insuficiencia de recursos compromete gravemente la operatividad del Poder Judicial, limita la prestación eficaz del servicio de justicia y frena proyectos de modernización y mantenimiento esenciales para asegurar la independencia institucional y la adecuada atención a los ciudadanos”, la misiva fue firmada por el Secretario General Nacional, Julio Juan Piumato, junto a la secretaria gremial Mara Fernández.

Cabe mencionar que la Regional 9 igualmente sigue generando y capacitando a los y las judiciales sobre el nuevo código Código Procesal Penal Federal realizando diversos cursos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.

Ahora, en tiempos de final de año y con un escenario legislativo nacional nuevo, en el que el Gobierno de Milei tendrá mayor representatividad y respaldo, quedará la incertidumbre de cuál será el rumbo de la Justicia Nacional para el 2026, ante una complicada realidad que transitan los operadores judiciales día a día.