También habrían participado exempleadas de farmacias de Justiano Posse.
La Fiscalía Federal de Bell Ville imputó a un médico, su pareja y tres exempleadas de farmacias acusados de utilizar durante unos tres años datos de afiliados sin su consentimiento ni conocimiento para emitir recetas de medicamentos que habrían retirado los mismos acusados, ocasionado así un perjuicio financiero para el Pami.
El fiscal federal local ad-hoc, Guillermo Ríus, imputó al médico Maciel José Rosmarí y su pareja Fabiana Alejandra Polliotti (dueños del geriátrico El Retoño) por presunta estafa en perjuicio de la administración pública y falsificación de recetas.
También acusó a las exempleadas de farmacias Georgina Martellono, Yésica Belén Dorrego y Florencia María Gallo como supuestas cómplices de estafa. Todos fueron indagados en el marco de la causa en la que también interviene el juez Sergio Pinto.
Cómo habría sido la estafa al Pami
La maniobra habría tenido lugar en la localidad de Justiniano Posse entre 2021 y 2024 y habría consistido en la generación sistemática de recetas electrónicas falsas para obtener medicamentos bajo la cobertura del Estado, sin que existiera consulta médica ni necesidad terapéutica real por parte de los beneficiarios.
Para lograrlo, el médico Rosmarí habría utilizado su acceso oficial al sistema informático del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP–Pami), para emitir prescripciones a nombre de afiliados que, en su gran mayoría, residían otras partes del país.
Una vez generadas las recetas digitales, el circuito habría continuado con la intervención de Dorrego y Martellono (por entonces empleadas de “Farmacia San Francisco”, de Justiniano Posse) y Gallo (por entonces trabajadora de la “Farmacia San José”, de Justiniano Posse), quienes habrían validado la dispensa de los fármacos, firmando su retiro (como si fuesen beneficiarios autorizados).
Lo llamativo es que una de las afiliadas a nombre de quien el médico realizó múltiples recetas sólo retiraba sus medicamentos en una sola farmacia de la provincia de Buenos Aires y no tuvo contacto con Rosmarí.
Más sugestivo aún fue que los pesquisas hallaran, durante el allanamiento en el geriátrico “El Retoño” (de propiedad del imputado y su novia Polliotti), un listado con el nombre y DNI de esa afiliada. Esto indicaría que se valieron de la identidad de la jubilada para la emisión de las recetas a su nombre.
Pero no fue el único caso llamativo, sino que el médico también habría prescripto una receta a nombre de un afiliado de Buenos Aires que se encontraría muerto.
Los investigadores determinaron entonces que los afiliados, a cuyo nombre se realizaban las recetas, no conocían a Rosmarí, no habían solicitado los fármacos atribuidos ni tenían relación alguna con las farmacias que luego efectuaron la dispensa de los medicamentos indebidamente prescriptos.
Direcciones
Los pesquisas comprobaron que las tres direcciones de IP desde las cuales fueron emitidas las recetas emitidas por Rosmarí se encuentran en Justiniano Posse y una pertenece a la casa del médico (trabaja en una clínica).
Por su parte, Polliotti habría utilizado la dirección del geriátrico del que es copropietaria con Rosmarí para dar a las recetas un aspecto legal y facilitar que las farmacias entregaran la medicación.
El monto total de la defraudación detectado en una primera etapa de la investigación supera los 500 mil pesos. Sin embargo, la cifra pudiera ser mayor de comprobarse otros casos similares no detectados.
