por Carlos Gonella (Fiscal General Federal de Córdoba).

Nuestro mayor desafío es cambiarle el rostro al servicio público de administración de justicia. El sistema acusatorio nos ofrece una gran oportunidad.

Hablar de desafíos implica hacerse cargo de las razones por las que es necesario avanzar en la implementación de la reforma procesal penal federal en el país y especialmente en Córdoba.

Hace décadas que el servicio de justicia está en el ojo crítico de la sociedad. Un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA publicado en junio pasado, reveló más de un 94% de desconfianza hacia la justicia entre las personas encuestadas.

Las razones son variadas y van desde la percepción de que el mundo judicial es algo distante, un sistema que concede y reproduce privilegios propios de una casta, trato preferencial, etc.; no rinde cuentas, no explica en lenguaje claro las decisiones que adopta, es casi imposible entender como funciona, etc.

Hay aspectos mucho más graves como el abuso de poder, la corrupción, y particularmente el nepotismo y la endogamia, que son dos rasgos muy marcados en el Poder Judicial de la Nación. Esta última situación genera consecuencias profundas y nocivas en el servicio de justicia, porque no solo viola los principios constitucionales de igualdad ante la ley y de idoneidad como condición de acceso a la función pública, sino que modela la respuesta a los conflictos que gestiona en base a unas condiciones sociales, económicas y culturales homogéneas propias de la “elite” que los administra, aislándolo aún más de la población.

Según una investigación hecha sobre datos de acceso público, las jurisdicciones federales de Santa Fe, Córdoba y La Rioja presentan la mayor concentración de parientes trabajando en el Poder Judicial.

En la propia CSJN se ha advertido la situación: “se designa personal con cargos de funcionarios, sin concurso, en base a la amistad o el parentesco y contrariando las expectativas de austeridad que la sociedad argentina exige”.

Retos para enfrentar con éxito la reforma procesal

La reforma procesal implica básicamente el cambio de un sistema de gestión absolutamente ineficiente que exhibe un desfasaje histórico de 80 años (el inquisitivo), por otro cuyas premisas fundamentales son la oralidad, desformalización y simplicidad de trámites, contradicción, publicidad y transparencia (el acusatorio).

El problema no es solo normativo sino de las personas que aplican la ley. Por eso el desafío implica un verdadero cambio cultural. Quienes se oponen, no hablan de las virtudes del sistema, sino de los problemas de implementación. Focalizan esos problemas y los presentan como obstáculos. Los más férreos opositores ocultan los verdaderos motivos, que son inconfesables: el temor a perder poder.

El reto fundamental para el Ministerio Público Fiscal es adecuarse internamente y asimilar una nueva cultura de gestión, porque será el primer eslabón de la justicia penal. Debe entender que brinda un servicio público para hacer efectivo el derecho humano de acceso a la justicia de todas las personas que forman parte de un conflicto. Es necesario desarrollar herramientas que permitan racionalizar el flujo de trabajo de manera eficiente. En este sentido, para los conflictos menos graves, debe procurar una solución que tenga como objetivo armonizar los intereses en juego y restablecer la paz social. Finalmente, concentrar toda su capacidad de análisis e investigación para procesar los fenómenos criminales socialmente más dañosos.

Todo ello supone un gran esfuerzo de gestión. Una visión de trabajo muy diferente a la lógica tradicional de una fiscalía que funcionaba como espejo de un juzgado.

El distrito fiscal federal de Salta-Jujuy lleva casi siete años de sistema acusatorio. La oficina del Ministerio Público Fiscal es una referencia social en materia de acceso a la justicia en esa zona. Ojalá en Córdoba podamos lograr lo mismo de acá a un par de años.