Anuló la resolución del Juzgado de Río Cuarto por presuntos cobros ilegales en rutas nacionales. Ordenó emitir un nuevo fallo.

La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba capital declaró por mayoría la nulidad de los procesamientos de los 14 efectivos de Gendarmería Nacional dictados por el Juzgado Federal de Río Cuarto en la causa que se les sigue por el presunto cobro de dinero de transportistas.

En diciembre de 2025, el juzgado había procesado a Walter Darío Ramírez y Carlos Manuel Ferreyra como presuntos jefes u organizadores de la asociación ilícita y coautores de concusión, abuso de autoridad y coacción con prisión preventiva.

Asimismo, había procesado con preventiva a Roque Omar Choque, Cristian Fredy Calisaya, José Antonio Villareal, Jorge Marcelo Fredes Sánchez, Marcos Isaac Juárez, Franco Emanuel Gaspar y Kevin Raúl Domínguez.

También había procesado sin preventiva a Leonel Alejandro Castro, Analía Gabriela Galian, Luis Alberto Suárez, Facundo Ramón Coronel y José Ignacio Medina como partícipes necesarios.

Respecto de otros 10 imputados —Débora Pamela Laguna, Paula Andrea Correa, Franco Marcelo Camino, Brígido Rafael Ariyú, Pablo Verdún, Alberto Julián Ferreyra, Diego Gabriel Da Silva, Rocío Jezabel Balmaceda, Joaquín Andrés Figueroa y Diego Bernabé Tárraga Figueroa—, había dictado la falta de mérito por considerar insuficiente la prueba para sostener una incriminación formal en ese estadio probatorio.

Río Cuarto: la causa de los gendarmes

La causa surgió a raíz de las denuncias de tres camioneros contra efectivos de la Sección de Seguridad Vial «Sampacho» de Gendarmería. Según la acusación, se habrían dedicado a exigir y percibir sumas de dinero a transportistas en las rutas (por miles de pesos) como condición para no labrar actas de infracción o secuestrar vehículos.

Estas maniobras no habrían sido aisladas sino que habrían contado con una logística financiera que incluía una cuenta bancaria centralizada para la recaudación y posterior distribución de los fondos entre los agentes que se encontraban operativos en cada jornada.

Para gestionar el flujo de fondos ilícitos, la organización habría utilizado la cuenta a nombre del gendarme Castro, quien habría oficiado como enlace para coordinar los pagos indebidos entre los camioneros y los agentes de control).

Una vez que el dinero ingresaba al sistema, se habría iniciado un proceso «triangulación» para intentar ocultar el origen de los fondos. Por ejemplo, se registraron transferencias desde la cuenta de Castro hacia otros efectivos. Uno de ellos, a su vez, habría derivado los fondos a otros integrantes del operativo del día o sus familiares.

La Fiscalía Federal de Río Cuarto sostuvo que la estructura no podría haber funcionado sin la supuesta cobertura institucional de Galián, en su carácter de jefa de la sección. Se le atribuye haber brindado la logística necesaria para garantizar la impunidad de las maniobras y haber intervenido activamente en la administración de los fondos mediante movimientos bancarios que alcanzan a su cónyuge, Suárez, y a su entorno familiar en Salta.

Respecto a los valores económicos, se estima que la red habría recaudado cifras millonarias durante su período de actividad (entre mediados de 2024 y septiembre de 2025).

Procesamientos dictados por el Juzgado Federal

El juzgado determinó que las tareas de campo, escuchas telefónicas, libros de guardia, testimoniales y registros de transferencias aportaban elementos suficientes para procesar a los 14 gendarmes.

Sin embargo, la defensa de Castro apeló y argumentó la falta de pruebas objetivas de la participación de su asistido, la ausencia de acreditación de una estructura permanente para la asociación ilícita y la supuesta confiscatoria la caución de $ 5 millones impuesta.

Por su parte, la defensa de los otros imputados sostuvo que los procesamientos carecían de fundamentación al basarse en testimonios contradictorios, valoraciones parciales de transferencias económicas privadas y denuncias anónimas en dos de los hechos. Objetó además el control del material aportado por la Unidad de Inteligencia Criminal de la fuerza y la falta de justificación en los riesgos procesales para las preventivas.

Fallo de la Cámara

La Sala A, por mayoría, declaró la nulidad de la resolución por incumplir el deber constitucional y legal de motivación.

“La resolución, más allá de su extensión y pese mostrarse como una unidad analítica, presenta una notable fragmentación estructural en su análisis fáctico y probatorio que impide su comprensión lógica”, dijo el voto mayoritario.

“Se advierte que el auto puesto en crisis no deja satisfactoriamente cumplimentado el deber de motivación, en tanto no surge de su contenido un claro y debido análisis interrelacionado de los hechos, la prueba y el mérito para arribar a tal o cual decisión, de modo tal que permita tanto a las partes, como a esta alzada, comprender acabadamente el sentido de lo decidido en toda su extensión”, se agregó.

“Si bien el juez arriba a conclusiones generales respecto de los hechos y la participación, sin distinguir concretamente que responsabilidad y participación en concreto le cupo a cada encartado por cada hecho y delito atribuido, luego (…) hace un intento de especificar el encuadre legal para cada imputado. No obstante, se advierte que a la totalidad de los encartados -respecto de los cuales se dictó procesamiento- se les atribuye en definitiva participación en la totalidad de los hechos, sin que se analizara concretamente su intervención en cada hecho ni se plasmara un análisis de la prueba que efectivamente lo vincule con cada suceso atribuido”, resaltó.

Por tales motivos, la Cámara ordenó al juzgado profundizar el análisis y dictar un nuevo fallo “jurídicamente válido” que sea “claro, ordenado y comprensible” sin fragmentaciones que impidan “reconstruir adecuadamente el razonamiento lógico y probatorio”.        

En tanto, el voto disidente consideró que el fallo era un acto jurisdiccional válido.

Foto: Imagen ilustrativa. (Argentina.gob.ar)