Roberto Antonio Fardín (73) fue imputado en su momento por defraudación contra la administración pública y falsificación de recetas médicas.
El Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba sobreseyó al médico Roberto Antonio Fardín (73) luego de estafar al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-Pami) al recetar más de 250 recetas a falsos pacientes.
El tribunal, a cargo de Julián Falcucci, había hecho lugar en 2023 a la suspensión del juicio a prueba (probation) a favor de Fardín por defraudación contra la administración pública y falsificación de recetas médicas.
Le había impuesto abonar dos millones de pesos al Hospital Nacional de Clínicas y realizar tareas comunitarias. Finalmente, cumplió con lo ordenado y el juez declaró extinguida la acción penal y lo sobreseyó.
La causa comenzó cuando un paciente fue a su médico de cabecera y éste le advirtió que en el sistema web del Pami había cuatro recetas cargadas a su nombre firmadas por un tal “Fardín”.
Al paciente le llamó la atención que ese médico le hubiera recetado fármacos, primero, porque no lo conocía, y segundo, porque no padecía las enfermedades para las que se habían emitido las recetas. Así que actuó con rapidez y presentó una denuncia penal.
El fiscal federal N° 3, Maximiliano Hairabedian, determinó que Fardín había emitido múltiples recetas en un período extenso: entre 2017 y 2019. Lo imputó por nueve hechos de defraudación contra el Pami, entidad que pagó un total de $ 54.195 (a valores de entonces).
Fardín llegó a emitir 254 recetas electrónicas en las que prescribió 469 medicamentos de diverso tipo para diferentes dolencias o problemas de salud: hipertensión, esofagitis, alteraciones digestivas, hipercolesterolemia, alopecia, entre otras tantas.
En todos los hechos, para Hairabedian, Fardín seguía la misma operatoria: emitía recetas electrónicas a diversos “pacientes” que no eran tales, porque negaron mayoritariamente conocerlo. En siete de los 10 casos, el médico extendió las recetas a personas que nunca se habían atendido con él y que ni siquiera lo conocían.
El estafador justamente prescribió las recetas en períodos extensos para disimular que los “pacientes” (que no eran tales, ya que mayoritariamente no sabían quién era) “necesitaban” los fármacos de manera mensual o regular.
De esta forma, podía extender las recetas durante muchos meses para que, luego, personas no identificadas las presentaran en distintas farmacias y adquirieran los medicamentos.
El fiscal estableció que emitió recetas electrónicas utilizando su clave y usuario, y consignó falsamente los datos de diferentes afiliados para la provisión de variados medicamentos por parte de las farmacias.
Sin embargo, como sostuvieron en las declaraciones los afiliados a los que Fardín usó su identidad para emitir las recetas, ellos no se atendían con él o desconocieron las recetas, y hasta negaron, en algunos casos, consumir con regularidad esos medicamentos e incluso haber concurrido a determinadas farmacias.
Se probó que las direcciones IP utilizadas para la emisión de las recetas apócrifas (desde el sistema informático Clave Única Pami –CUP–) a nombre del denunciante correspondían al propio Fardín.
El galeno quedó muy comprometido porque las recetas electrónicas sólo pueden ser firmadas y selladas por el profesional prescriptor, a quien el Pami le asigna previamente un usuario y una clave que solo él debería conocer.
