Luego de la controversia generada por los dichos del Fiscal Adjunto, Alejandro Pérez Moreno, quien “cuestionó” la aplicación de la figura de la asociación ilícita en algunos casos, salieron “a la luz” tensiones dentro del propio Ministerio Público Fiscal. Llegando hasta el punto de un pedido de investigación ante la Fiscalía General de la provincia, el Tribunal de Ética y el Tribunal Superior de Justicia.
Los fiscales de instrucción Juan Pablo Klinger y Enrique Alberto Gavier realizaron dicha presentación, argumentando que así lo dispone el Código Deontológico del Poder Judicial, que dice que: “frente a las intromisiones, presiones, amenazas o influencias de cualquier origen, que expresa o implícitamente se realicen y sean susceptibles de alterar el desenvolvimiento del Poder Judicial en lo institucional o en lo funcional, corresponde a magistrados y funcionarios la comunicación o denuncia ante la autoridad competente, sin perjuicio de las medidas a su alcance para evitarlas o repelerlas”.
Los cuestionamientos, críticas y polémicas que se generaron después de las expresiones vertidas por Pérez Moreno, realizadas en un ámbito académico, como lo es el Curso intensivo II: “Delitos Complejos y Nuevos Escenarios Jurídicos”, organizado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN Regional 9) y la Facultad de Derecho -Secretaría de Graduados- de la UNC, fueron narradas por distintos medios de comunicación como un nuevo episodio de “crisis” en la Justicia cordobesa y en el plano político, una nueva controversia para el Gobierno provincial.
Sin embargo, lo acontecido también puede tomarse desde otra perspectiva y abre una oportunidad valiosa para repensar el modo en que se gestionan los desacuerdos en instituciones claves para el Estado de Derecho y el funcionamiento y desarrollo de la justicia.
En vez de ser visto como un conflicto, este episodio debería ser una invitación a una apertura responsable al diálogo, al debate técnico y a la reflexión colectiva sobre los límites, alcances y fundamentos jurídicos de las herramientas penales utilizadas en la provincia. La figura de la asociación ilícita ha sido, históricamente, una herramienta polémica por su amplitud interpretativa. Su aplicación requiere un análisis riguroso, basado en criterios jurídicos sólidos, que garanticen tanto la eficacia penal como el respeto irrestricto a las garantías constitucionales.
Repensar la justicia sin llegar a los extremos del punitivismo o las miradas laxas garantistas. Repensarla todos como sujetos miembros de una sociedad en busca de la mejora, el crecimiento y el progreso. Ya sea por parte de quienes participan en la justicia, como de la ciudadanía en su conjunto, sino veamos los ejemplos de México y Bolivia con la elección de jueces o funcionarios de la justicia a través del voto popular.
La madurez de una democracia se mide, entre otras cosas, por la capacidad de sus instituciones para tolerar la crítica interna, aceptar el disenso y promover debates abiertos que fortalezcan la legalidad y la confianza ciudadana. Es deseable, entonces, que este episodio derive no en un clima de persecución o polarización, sino en una conversación pública y técnica que involucre a distintos actores del sistema de justicia, la academia y la sociedad civil.
Por eso el Director Académico del Curso intensivo II: “Delitos Complejos y Nuevos Escenarios Jurídicos” y Secretario R General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación,Juan Pablo Tripputi expresó: «Hay que buscar el debate sobre las distintas doctrinas de distintos temas y problemáticas, dejando también abiertas las puertas de la institución y del curso en cuestión, pero sin referirse a ninguna fiscalía ni a ninguna causa concreta”. Además, señaló que: «En este ámbito académico se tratan temas de fuerte discusión entre juristas y que por eso mismo se generó un gran interés y discusión en la agenda pública».
La invitación ya está hecha y sólo desde una postura de apertura al diálogo, respeto por el pluralismo jurídico y vocación por la mejora institucional, puede transformarse esta controversia en una oportunidad constructiva para el sistema judicial de Córdoba.
