Ocupaba el lugar 99 en 2024 pero pasó al 104 en 2025. Los valores en el resto de América.

Argentina cayó cinco puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de la organización Transparencia Internacional, al ubicarse en el lugar 104, de un total de 182 naciones, respecto al puesto 99 de 2024.

El Índice de Percepción de la Corrupción

Transparencia Internacional lanzó el índice en 1995 y ha convertido en el principal indicador mundial de la corrupción en el sector público. El índice clasifica a 182 países y territorios en función de sus niveles de percepción de la corrupción en el sector público con una escala de 0 (mucha corrupción) a 100 (muy baja corrupción).

Las puntuaciones reflejan las perspectivas de expertos y empresarios (utilizando datos de 13 fuentes externas, incluidos el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y evaluación de riesgo, grupos de expertos y otros) y no del público en general.

La percepción en las Américas

Transparencia sostuvo que, con una puntuación promedio de apenas 42 sobre 100, “las Américas no muestran avances en la lucha contra la corrupción”, ya que, desde 2012, 12 de los 33 países en la región han empeorado considerablemente, mientras que solo República Dominicana (37) y Guyana (40) han registrado mejoras significativas.

“Años de inacción gubernamental han erosionado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional, perjudicando directamente a la las personas, al socavar los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad”, advirtió.

Durante años, “la corrupción ha permitido que el crimen organizado transnacional se infiltre en la política” de países como México (27), Brasil (35) y Colombia (37), “fomentando la impunidad y las injusticias”, afirmó.

Actualmente, Costa Rica (56) y Uruguay (73), las “democracias más fuertes” de América latina y con mejores resultados en el IPC, también sufren la “violencia alimentada por la corrupción y el crimen organizado”.

Por su parte, países con “instituciones fallidas y cooptadas”, como Nicaragua (14) y Haití (16), continúan luchando contra la “corrupción arraigada y las redes criminales”.

En toda la región, la corrupción en los servicios públicos tiene graves consecuencias en la vida cotidiana de las personas. En Perú (30), la fiscalía está investigando presuntos sobornos en el programa de alimentación escolar para eludir los controles sanitarios, que podrían haber resultado en la distribución de comidas contaminadas y en enfermedades infantiles.

El caso de Argentina

Transparencia indicó que en Argentina las investigaciones sobre presunta corrupción en la gestión de fondos para medicamentos destinados a personas con discapacidad “muestran riesgos similares para los grupos vulnerables”.

De esta forma, terminó con un puntaje de 36 sobre 100, es decir, un punto menos de transparencia (37) respecto a 2024. Así, cayó cinco puestos en la medición interanual: de la ubicación 99 a la 104.

A su vez, la baja puntuación de Venezuela (10), refleja años de corrupción generalizada y actividades ilícitas, que han disparado la pobreza y la desnutrición. En el país millones de familias sobreviven con escasos alimentos, agua y electricidad.

En varios países, la reducción del espacio cívico debilita la supervisión y la rendición de cuentas. En El Salvador (32), las restricciones impuestas a las organizaciones de la sociedad civil limitan el escrutinio y la supervisión independiente de las acciones del gobierno. En Guyana (40), el acoso y la intimidación a los medios de comunicación independientes y a la sociedad civil reducen la capacidad de la ciudadanía de proteger sus recursos naturales.

Luciana Torchiaro, asesora regional para América latina y el Caribe de Transparencia Internacional, sostuvo: “Para mejorar la vida de las personas y aumentar la resiliencia al crimen organizado, los gobiernos deben priorizar la lucha contra la corrupción en su agenda”.

“Para ello es necesario proteger las libertades fundamentales, reforzar la transparencia en la contratación pública y hacer cumplir la ley a través de un poder judicial fuerte e independiente. La lucha contra la corrupción también implica fortalecer la cooperación internacional para investigar y sancionar casos transnacionales y cerrar los vacíos legales que permiten que el dinero ilícito cruce fronteras”, agregó.

Conclusiones

Los países con puntuaciones más altas en las Américas son Canadá (75), Uruguay (73) y Barbados (68). Estos se encuentran entre las “democracias más sólidas” de la región, pero su crecimiento «limitado y sus retrocesos son preocupantes”.

Venezuela (10), Nicaragua (14) y Haití (16) vuelven a ser los tres países con las puntuaciones más bajas de la región, caracterizados por altos niveles de represión, instituciones “fallidas o cooptadas y corrupción estructural”.

Estados Unidos (64) profundizó su tendencia en descenso hasta alcanzar la puntuación más baja registrada. Aunque todavía no se refleja el impacto de los acontecimientos de 2025, las medidas recientes, como “atacar las voces independientes y socavar la independencia judicial, suscitan gran preocupación”.

Más allá de las conclusiones del IPC, la congelación temporal y el debilitamiento de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero “son una señal de tolerancia hacia las prácticas empresariales corruptas”, mientras que los recortes de la ayuda estadounidense a la sociedad civil en el extranjero “han debilitado los esfuerzos contra la corrupción a nivel global”.

Países como El Salvador (32) y Ecuador (33) están experimentando “un declive en la transparencia y en las libertades cívicas”.