La organización también alertó sobre un deterioro del clima para el ejercicio del periodismo en la Argentina

La organización Amnistía Internacional advirtió sobre la persistente crisis económica y social en Argentina, con afectaciones a sectores vulnerables de la sociedad por la “severa austeridad” implementada, represión a protestas sociales y elevados índices de femicidio y violencia de género.

Ajuste económico y vulnerabilidad social

Amnistía indicó que persiste en Argentina una crisis económica y social, con un 31,6% de la población en situación de pobreza y un desempleo que alcanza el 6,6%, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En septiembre, el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos alertó sobre el hecho de que las medidas de austeridad afectaban principalmente a las personas mayores y a las que tenían alguna discapacidad.

“En 2025, la pensión mínima no cubría las necesidades básicas y había más de tres millones de personas mayores en situación de pobreza. El presidente (Javier Milei) vetó por segunda vez una ley que aumentaba el poder adquisitivo de las pensiones y prorrogaba las moratorias —medida que permitía acceder a una jubilación a las personas que no alcanzaran los 30 años de aportes necesarios—, y los derechos económicos y sociales de la población de edad avanzada se vieron menoscabados”, indicó Amnistía.

Dijo que el presupuesto destinado a las universidades para 2025 fue un 6% menor en términos reales que el del año anterior, acumulando así una reducción del 29% desde 2023. “El Congreso rechazó en octubre el veto del presidente Milei a la ley que aprobaba un aumento de la financiación de las universidades y una actualización del salario docente para recuperar parcialmente el poder adquisitivo, pero el Poder Ejecutivo ratificó que no aplicaría esa ley, con lo que el ajuste presupuestario impuesto al sistema universitario se agudizó”, resaltó.

También destacó que “el sistema fiscal argentino seguía favoreciendo una estructura tributaria regresiva: se introducían recortes en áreas como salud, educación y seguridad social, mientras se incrementaban las exenciones fiscales a las grandes empresas. La pérdida de ingresos tributarios derivada de los beneficios fiscales —que eximían a ciertos sectores de pagar determinados impuestos— representaba cerca del 4% del producto interno bruto”.

El peso estructural del servicio de la deuda pública se mantenía constante aun en unos momentos “agudos” de ajuste fiscal: en 2025, los pagos de intereses de deuda casi igualaron el presupuesto nacional destinado a salud, educación y cultura.

Represión

Amnistía advirtió que “continuaron aumentando las restricciones y la represión de las protestas pacíficas”, con medidas que incluían el uso ilegítimo de la fuerza, después de la entrada en vigor de la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad nacional.

“De diciembre de 2024 a noviembre de 2025 se registraron al menos 1.341 casos de personas heridas presuntamente a manos de agentes estatales, de las cuales 155 eran de edad avanzada y 184 trabajaban en prensa; al menos dos habían recibido impactos de bala de goma en la cabeza y el rostro”, indicó.

Vigilancia ilícita

Amnistía recordó que el Ministerio de Seguridad, por medio del decreto 383/2025 y sin la intervención del Congreso, facultó a la Policía Federal para vigilar a las personas en redes sociales, acceder a bases de datos estatales, realizar requisas y detener a personas con fines identificatorios hasta 10 horas, todo ello sin orden judicial.

Indicó que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, que no se había debatido en el Congreso, “reformaba el sistema de inteligencia y concentraba más poder en la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), ampliando su capacidad para acceder a datos personales de la población y compararlos, así como para operar sin control judicial, y permitiendo a agentes de inteligencia detener a personas sin autorización judicial”.

Para el organismo internacional, la “reforma aumentaba el riesgo de vigilancia ilegítima y uso discrecional de información y ponía en peligro derechos como la libertad personal, la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de asociación y de reunión pacífica”.

Violencia sexual y de género

La organización global recordó que durante el primer semestre de 2025 se registró un femicidio cada 35 horas, según datos de la Defensoría del Pueblo de la Nación. “Pese a la persistencia de este tipo de crímenes, en mayo se eliminaron 13 programas fundamentales para combatir la violencia de género, incluidos los destinados a brindar apoyo inmediato a mujeres en casos extremos de violencia”, alertó.

Medio ambiente               

Amnistía recalcó que “continuaba la preocupación por la postura negacionista” del Gobierno nacional en relación con el cambio climático. Climate Action Tracker calificó de “sumamente insuficientes” las políticas y objetivos climáticos de Argentina por ser incompatibles con el límite de 1,5 °C en el aumento de la temperatura media mundial, establecido por el Acuerdo de París.

“Los subsidios destinados a las empresas hidrocarburíferas representaban 93 veces el importe de los fondos destinados al fomento de energías renovables y de la eficiencia energética”, indicó Amnistía.

Libertad de expresión

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización puso énfasis en «cómo el uso del poder político y judicial se ha convertido» en una «herramienta de silenciamiento” a través de las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs).

“Son acciones promovidas no para reparar un daño real, sino para enviar un mensaje ejemplificador: hablar puede salir caro. El objetivo no es ganar solamente en tribunales; es correr el foco, consumir tiempo, recursos y energía, y sembrar miedo. Su efecto más profundo no siempre se ve en una sentencia, sino en la autocensura que producen”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Belski advirtió que organizaciones especializadas vienen advirtiendo sobre un deterioro del clima para el ejercicio del periodismo en la Argentina. El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) sostuvo que el poder político causó el 52% de los ataques a periodistas relevados en 2025, mientras que Reporteros Sin Fronteras ubicó al país en el puesto 87 de 180 en su Índice Mundial de Libertad de Prensa 2025. 

Reclamo en discapacidad a la Nación

Por otro lado, el Defensor del Pueblo de Córdoba, Carlos Galoppo, alertó sobre el «estado de descuido o de abandono» de personas discapacitadas en la provincia y trasmitió al secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, la situación de necesidad y parálisis administrativa, se informó oficialmente.

Galoppo solicitó el cese de las dilaciones que afectan la salud y la vida de los beneficiarios y el funcionario nacional reconoció las falencias en el sistema de gestión de casos, prestaciones, provisión de insumos y en los pagos, que —según expresó— se encuentran en proceso de regularización.

En este marco, uno de los principales reclamos estuvo vinculado a la demora en la entrega de medicamentos de alto costo y a las dificultades en la gestión de estos tratamientos. Ante este planteo, Vilches sostuvo: “Es cierto que tuvieron un período de atraso producto de un montón de cuestiones vinculadas a la auditoría iniciada y procedimientos que no se realizaban correctamente; y eso es todo responsabilidad nuestra”.

«Esa palabra ‘demora’ me hace percibir a un discapacitado esperando algo: una silla, un tratamiento o un remedio… Pido que podamos hacer más rápido el proceso para que ese paciente no quede atrapado entre la burocracia del Estado y el dolor de la familia», dijo Galoppo.

Foto: Casa Rosada, sede del Gobierno nacional. (Pexels.com/Matheus De Moraes Gugelmim)