Un padre y su hijo fueron procesados po presunta alteración dolosa de registros. Embargo por 25 millones.
Cuando quiso facturar un trabajo eléctrico a una de las empresas de transporte más importantes de Córdoba, su “estudio contable” le dijo que no podía hacerlo porque “no estaba al día con los pagos” como responsable inscripto. Le llamó la atención, pero no más que cuando confirmó que se habían emitido facturas a su nombre por montos millonarios a empresas.
El juez federal N° 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, procesó a Jorge Alberto Abraham (53) y a su hijo, Jorge Omar Abraham (29), como coautores de presunta alteración dolosa de registros y les trabó embargo por 25 millones en total.
De acuerdo con el padrón público de contadores del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE), en el que se consigan los profesionales habilitados para ejercer, ambos no figuran.
“Tensión” para el electricista
El fiscal federal N° 1, Enrique Senestrari, comenzó a investigar el caso cuando el electricista presentó una denuncia. Explicó que en agosto de 2020 intentó facturar un trabajo a la empresa de transporte y se comunicó con el “estudio contable” de los Abraham, ya que se encargaban de llevarle su contabilidad y tenían acceso a su clave fiscal.
Manifestó que le dijeron que su facturación A se encontraba bloqueada por «no estar al día con los pagos» al fisco. La particular respuesta le llamó la atención, por lo que les solicitó que le recordaran la clave fiscal para acceder y comprobar lo que le habían mencionado.
Sin embargo, se habrían negado a dársela. Para resolver el problema concurrió a la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip, hoy Arca) a fin de hacer un blanqueo y obtener una nueva clave fiscal.
Una vez que pudo ingresar al sistema, dijo que verificó que le habían eliminado la posibilidad de emitir facturas tipo A y que el fisco le había solicitado documentación desde julio de 2019 hasta septiembre de 2020. También detectó que habrían emitido facturas a su nombre a distintos proveedores con los que él nunca había operado y que le habrían agregado actividades comerciales que desconocía.
Los denunció penalmente ante Senestrari, por lo que el fiscal solicitó una serie de medidas. Pidió al fisco un listado de la facturación emitida por el contribuyente que contuviera las direcciones IP de las conexiones que las emitieron y datos sobre la titularidad de las IP.
La prestataria del servicio de internet confirmó que las IP se encontraban a nombre de Jorge Abraham y que había fijado como domicilio de cobro su casa, ubicada en barrio Rosedal. Para confirmar que efectivamente fuera el lugar de la familia, la Policía Federal realizó una constatación y le informó al fiscal.
El instructor determinó que las múltiples facturas que el electricista desconoció fueron emitidas desde la IP instalada en la casa de los Abraham, donde funcionaba o habría funcionado el “estudio” denunciado.
Con los datos aportados por Arca, el fiscal estableció que entre el 24 de enero de 2019 y el 14 de julio de 2020, los Abraham habrían modificado los registros informáticos del fisco al ingresar al sistema con la clave fiscal del damnificado.
Habrían emitido facturación apócrifa por 7.268.228 de pesos en 2019 y 19.994.414 de pesos para 2020. La particularidad es que los comprobantes tuvieron como destino diferentes empresas que las habrían utilizado para computarse un crédito fiscal apócrifo y así reducir su base imponible frente al Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Así, el beneficio indebido al que esas compañías habrían accedido ascendió a $ 1.261.428 en 2019 y $ 3.470.104 en 2020.
El mismo tipo de mecánica también se detectó en otras causas federales que terminaron con el desbaratamiento de bandas que se transformaron en “usinas” de facturas truchas por valores multimillonarios.
Los imputados fueron indagados y su defensor, Facundo Rodríguez de la Torre, solicitó que se les otorgara la posibilidad de una reparación integral del daño. Ofrecieron $ 4.731.533 por ese concepto.
El juez Sánchez Freytes procesó a ambos. “En el caso, no solo se habría verificado la afectación del bien jurídico tutelado por la norma —esto es, la veracidad, autenticidad y regularidad de la información registrada ante la administración tributaria—, sino que, también se advierte un perjuicio directo al contribuyente y denunciante”, dijo.
“Es así porque éste no habría autorizado la inscripción a nuevas actividades ni la emisión de las facturas cuestionadas, actos que fueron incorporados en su esfera fiscal sin su consentimiento y que podrían generarle consecuencias impositivas y administrativas adversas”, advirtió.
Y trabó un embargo sobre los bienes de Abraham (p) por $ 20 millones y por $ 5 millones al hijo.
Foto: Imagen ilustrativa. (Pexels.com/Vanessa García)
