La Cámara Federal de Córdoba revocó el procesamiento dictado por el Juzgado N° 2 al considerar violada la garantía del plazo razonable.
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba capital dictó, por mayoría, el sobreseimiento de Sergio Eduardo Carezano, procesado por presunto secuestro extorsivo hace 14 años, tras declarar extinta la acción penal en su contra por violación de la garantía del plazo razonable.
Carezano se encontraba imputado por el secuestro extorsivo ocurrido en octubre de 2012, pero el tribunal consideró que el transcurso de más de 13 años sin ser indagado obedeció a la inacción e ineficiencia burocrática del Estado, que omitió cargar su orden de captura en los registros interjurisdiccionales (Sifcop) mientras el acusado permanecía detenido y cumpliendo condena a disposición de la Justicia provincial.
El secuestro extorsivo en Córdoba
El 2 de octubre de 2012, Carezano, su hermano Daniel Gustavo Carezano y otros hombres no identificados, habría abordado violentamente a Cristián Arnaldo Sánchez en su casa de barrio Ampliación Cabildo.
Según la acusación, la víctima habría sido obligada bajo amenazas con armas de fuego a conducir su propio vehículo hacia un descampado, lugar donde habría sido amedrentada mediante disparos intimidatorios con el propósito de exigir la restitución de drogas y otros elementos que presuntamente habrían sido robados de la vivienda de los agresores.
Al día siguiente, habrían secuestrado a Lucas Daniel Sánchez y lo habrían mantenido cautivo en una casa de barrio Cooperativa Güemes, siendo sometido a castigos físicos y vejaciones para supuestamente coaccionar su hermano, Cristian, con el fin de que devolviera los estupefacientes y líquidos para su preparación.
El Juzgado Federal N° 2 de Córdoba ordenó la detención de Sergio Carezano. Sin embargo, la causa se desglosó para su trámite autónomo en febrero de 2014 y la declaración indagatoria del imputado recién se receptó en noviembre de 2025, 13 años después del inicio de la investigación.
Unos días después, lo procesó y dictó la prisión preventiva. Pero la defensa apeló ante la Cámara Federal al sostener la insubsistencia de la acción penal por vulneración del plazo razonable.
Argumentó que su asistido no revistió la condición de prófugo eludiendo a la Justicia, dado que entre 2018 y 2025 estuvo alojado en la cárcel purgando una condena dictada por la Justicia provincial por lesiones leves calificadas y amenazas, encontrándose así a disposición del Estado.
Señaló además que no se le podía atribuir al imputado la ineficiencia burocrática e informática del aparato estatal por la falta de entrecruzamiento de datos.
El fallo de la Cámara Federal
La Cámara revocó por mayoría el procesamiento y lo sobreseyó (su hermano fue condenado por los mismos hechos en 2024).
Uno de los vocales destacó que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable evalúa la conducta e inactividad del Estado. Subrayó que la orden de captura no fue cargada durante 11 años en el sistema Sifcop, y que bastó una simple consulta de la actuaria del Juzgado N° 2 ante la Justicia provincial para obtener el domicilio del imputado y concretar su aprehensión en apenas 14 días.
“La invocación de la condena de 2018 como causal interruptiva de la prescripción no debilita el planteo de insubsistencia sino que, paradójicamente, lo refuerza. Si el Estado reconoce que en noviembre de 2018 existía un hecho que interrumpió la prescripción —lo que implica que en esa fecha el imputado había sido plenamente identificado, procesado y condenado por otro órgano del propio Estado—, lo que queda en evidencia es precisamente lo que la defensa denuncia: que entre 2018 y 2025, mientras la prescripción corría de nuevo desde cero, ningún organismo federal adoptó medida alguna para concretar la captura en la presente causa, pese a contar con todos los datos necesarios para hacerlo”, indicó.
“La interrupción prescriptiva, lejos de neutralizar la garantía convencional, deja al descubierto con mayor nitidez la inacción estatal que aquella garantía está precisamente destinada a sancionar”, agregó.
Asimismo, el otro voto mayoritario adhirió a la línea argumental y sostuvo que, conforme a la Teoría de la Unidad del Estado, las deficiencias de comunicación entre la jurisdicción provincial y la federal son fallas burocráticas que no pueden ser cargadas sobre el imputado. Agregó además que la prisión preventiva dictada resultaba desproporcionada y con vicios de fundamentación.
Por su parte, en minoría, la vocalía opinó que debía confirmarse el procesamiento. Entendió que no existió desidia judicial ni del Ministerio Público Fiscal, sino que el acusado se mantuvo en condición de prófugo eludiendo el accionar de la Justicia con una orden vigente desde 2012.
Remarcó la gravedad del delito de secuestro extorsivo y argumentó que el curso de la prescripción de la acción penal se vio interrumpido por la comisión de nuevos delitos acreditados en su certificado de condena provincial de 2018.
