Sostiene que, tras inocularse, desarrolló el síndrome de Guillain-Barré, una grave afección neurológica autoinmune.
Una enfermera (50) presentó un recurso directo ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba en reclamo de casi 100 millones de pesos al Estado nacional por presuntamente haber desarrollado el síndrome de Guillain-Barré tras ser inoculada con una vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19.
La demanda en Córdoba contra el Estado nacional
La demandante relató que el 7 de junio de 2021 recibió en el Hospital Municipal René Favaloro, de la localidad de la localidad de Cruz Alta, la única dosis de la vacuna AstraZeneca (lote NF0291) como parte del plan estratégico de vacunación.
Nueve días después, comenzó a experimentar adormecimiento en las yemas de los dedos de las manos y en las pantorrillas. Su estado de salud se deterioró rápidamente, según su versión, ya que para el 20 de junio ya no podía sostenerse en pie, había perdido la capacidad de deambular y presentaba dificultades para tragar y beber agua.
Tras ser internada de urgencia y trasladada a terapia intensiva en Villa María, donde permaneció 42 días, recibió el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré (una grave afección neurológica autoinmune).
Luego, según expuso en el recurso directo presentado con el patrocinio del abogado Pablo Sebastián Roca, fue trasladada a un centro de rehabilitación en la provincia de Santa Fe, donde estuvo dos meses en rehabilitación.
Actualmente, dijo que padece secuelas permanentes que incluyen dolores en las piernas, pérdida de sensibilidad en manos y pies, hipotensión, incontinencia urinaria y disminución de la vista.
La mujer, que contó que estas condiciones le impiden ejercer su profesión de enfermera y paramédica, sostuvo que existe un nexo causal acreditado entre la inoculación y el daño, respaldado por informes médicos y el registro de efectos adversos (Esavi).
“La inoculación fue producto de la gran presión social, laboral, de los medios de comunicación y coacción ejercida desde el mismo Estado, pues no tuve otra opción que inocularme. Pero perdí mucho más, me arrebataron la vida que tenía. Jamás fui informada y tampoco se me advirtió que podría sufrir efectos adversos, como asimismo de los riesgos /beneficios de la inoculación. No hubo un verdadero consentimiento de mi parte, solamente nula información y coacción”, dijo.
Fundamentos jurídicos de la acción
La mujer relató que en 2024 presentó el reclamo por “efectos adversos de la vacuna” ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, pero “luego de una excesiva demora”, en 2025 presentó un pronto despacho a los efectos que resuelva el reclamo, sin obtener ninguna respuesta.
El reclamo ingresó al Ministerio de Salud nacional para que, con la intervención de la Comisión Nacional de Seguridad de las Vacunas (Conaseva), se determinara la relación de causalidad entre la vacuna y el daño denunciado, según la normativa. Sin embargo, consideró que Conaseva no era imparcial al ser parte del Estado, lo que vulnera –según la demandante- el derecho de defensa.
Ante la falta de respuestas, presentó un recurso directo ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba en virtud de la ley 27.573 (“Ley de Vacunas”), ya que esta normativa establece que, ante la inexistencia de contestación o el rechazo de un reclamo administrativo de un organismo nacional (en este caso, el Ministerio de Salud), el afectado puede acudir directamente a la Cámara para que revise la cuestión en “lo formal”.
Así, solicitó que la Justicia hiciera lugar al reclamo del Fondo de Reparación de la ley 27.573 “pues el nexo causal el daño se encuentra debidamente acreditado y es un derecho” que posee. Reclamó una indemnización de 99.666.523 de pesos.
