Se trata de los expolicías, entonces integrantes de “la patota del D2”, la fuerza ilegal policial que torturó a decenas de personas.
El juez federal N° 1 de Córdoba, Carlos Ochoa, procesó a los expolicías del Departamento de Informaciones (D2) durante la última dictadura cívico-militar Carlos Alfredo “Tucán grande” Yanicelli (73) y Raúl Eduardo “Tucán chico” Yanicelli (72) por presuntas torturas contra miembros de Luz y Fuerza, el Partido Socialista y el Partido Comunista en 1974, un abuso y un crimen.
El magistrado dictó la medida a los hermanos como coautores de presuntos tormentos agravados (107 hechos), tormentos agravados por resultar la muerte de Clelia “Tita” Hidalgo y abuso deshonesto agravado de otras dos mujeres.
Pero sobreseyó a Dionicio Gómez (88), Jorge Márquez (82), Jorge Exequiel Acosta (80), Carlos Alberto Díaz (79), Ernesto Guillermo Barreiro (78), Ricardo Alberto Ramón Lardone (83) y Arnaldo José “Chubi” López (73) por diversos delitos achacados.
Secuestros y torturas achacadas a los Yanicelli
La acusación atribuye a los Yanicelli, entonces oficiales de “la patota del D2”, a cargo de extremas torturas y delitos aberrantes durante la última dictadura militar en Córdoba, una serie de hechos gravísimos.
Los Yanicelli (el mayor, Carlos, recibió dos prisiones perpetuas) haber participado en tres operativos coordinados por el D2 y el ya extingo Comando Radioeléctrico, sin orden judicial, e ingresado violentamente el 9 de octubre de 1974 a las sedes del Sindicato de Luz y Fuerza —junto al Laboratorio de Medidores de Epec—, del Partido Socialista de los Trabajadores y del Partido Comunista.
“No hay explicación coherente ni plausible para el despliegue de las fuerzas policiales hasta las inmediaciones de aquel edificio (de Luz y Fuerza) y de la orden de rodear la manzana, anteriores al pretendido inicio de un dudoso tiroteo con esa sede gremial, invocado –en definitiva- para justificar un rápido allanamiento del sindicato, sin orden judicial”, resaltó el juez Ochoa.
Según el dictamen fiscal, los efectivos redujeron a los ocupantes mediante disparos, golpes, amenazas y simulacros de fusilamiento, trasladando a las víctimas apiladas en camiones de asalto de manera irregular al D2 (por entonces la Jefatura de Policía), que funcionaba en el Pasaje Catalina 66, entre la Catedral y el Cabildo.
En el D2, convertido en un centro de torturas, las víctimas padecieron torturas físicas y psicológicas en condiciones infrahumanas de cautiverio, lo que en el procedimiento del Partido Comunista provocó las lesiones que derivaron en la posterior muerte de “Tita” Hidalgo en el Hospital de Clínicas a causa de una conmoción cerebral producida por la golpiza recibida.
Varios de los detenidos quedaron a disposición del por entonces juez federal N° 2 de Córdoba, Adolfo Zamboni Ledesma (fallecido). Si bien ordenó la libertad de los apresados, no se hizo efectiva y quedaron detenidos en la cárcel a disposición del Ejecutivo nacional.
Postura de las defensas de Yanicelli y procesamientos
Carlos Yanicelli negó los hechos y se abstuvo de declarar, mientras que su hermano hizo manifestaciones sobre sus tareas en la Policía y luego se rehusó a continuar declarando.
El juez Ochoa, sin embargo, dictó sus procesamientos por los gravísimos hechos. Encuadró las actuaciones de octubre de 1974 como delitos de lesa humanidad e imprescriptibles, señalando que los operativos se ejecutaron desde del Estado bajo el amparo de la represión paraestatal vinculada a la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).
“Los hechos de naturaleza delictiva que analizamos, que habrían acontecido desde el 9 de octubre de 1974 -esto es antes del golpe de Estado de marzo de 1976- acaecieron en el marco de una lucha de claro contenido ideológico, montada desde el aparato del Estado, que brindó recursos, amparo y garantía de impunidad. Es así que estos crímenes deben encuadrarse en los extremos de lo que llamamos crímenes de lesa humanidad, por lo que son alcanzados por las consecuencias jurídicas que de esa tipología se deriva, especialmente en lo que concierne a su imprescriptibilidad”, indicó.
Desestimó los argumentos de los jefes policiales de la época sobre supuestos tiroteos previos, demostrando mediante actas de guardia y testimonios que los transeúntes y trabajadores desarrollaban sus actividades con normalidad cuando fueron sorprendidos por allanamientos ejecutados sin orden judicial.
Sobre Carlos Yanicelli sostuvo que habría tenido “activa intervención” en los operativos por los que fue acusado y agregó que “tal participación lo habría sido ‘por orden de la superioridad’, como el propio policía lo hace constar en acta, y como lo indica la sigla OSP –Orden Superior Policial-“.
“Conforme los registros del Libro de Novedades, el referido oficial (por Yanicelli) no integraba la guardia de ese día, sin embargo y al igual que el Grupo A11 ‘en comisión a la URC (Unidad Regional Córdoba)’, su participación habría obedecido, en particular, a los designios de la Jefatura de la fuerza, con especial interés en los resultados de los operativos (…), resultando claro que para entonces, el encartado habría constituido un valioso elemento de suma confianza para el inspector mayor Alberto Luis Choux (fallecido), segundo jefe de la Unidad Regional Córdoba, al frente de los procedimientos”, indicó.
“Se encuentra acreditado que Yanicelli se encontraba plenamente activo en la fuerza policial y que intervino con roles de responsabilidad y liderazgo en los acontecimientos luctuosos investigados”, indicó y lo procesó.
Por su parte, también procesó a su hermano, a quien consideró igualmente “valioso elemento” para Choux.
“Su efectiva presencia e intervención en aquellas circunstancias aparecen expresamente documentadas en el acta policial labrada en ocasión del procedimiento efectuado en la sede del Partido Socialista”, indicó.
De esta forma, el magistrado remarcó que “Tucán chico” “figura participando y firmando como ‘testigo’ de un allanamiento, supuestamente realizado en condiciones de absoluta normalidad, sin despliegue de violencia, sin irregularidades y sin detenciones”.
Al respecto, el juez sostuvo que “sencillo es inferir que tan faltas de veracidad resultan las afirmaciones relativas a la modalidad ‘normal’ del proceder policial, como las concernientes al rol de supuesto ‘testigo’ que se pretendió asignar al imputado en aquel instrumento. Sin embargo y aún sin merecer crédito en lo que al contenido se refiere, el acta citada constituye innegable prueba de la participación de este encausado en los hechos que se le imputan”.
El magistrado destacó fueron importantes los testimonios del exmilitante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Carlos Raimundo “Charlie” Moore (fallecido), y los expolicías Luis Urquiza y Octavio Cuello para identificar a los hermanos Yanicelli como integrantes de las bandas que llevaron a cabo, a partir de 1974, “la represión ilegal” en Córdoba.
Cuello, que fue comisario inspector, declaró que por su rol conoció los planes siniestros liderados por el jefe de la Policía, teniente coronel Antonio Domingo Navarro, a principios de 1974, luego indultado y fallecido.
Precisó que la mayor parte de los oficiales y personal subalterno de tales grupos, provenía del D2, de la Unidad Regional Córdoba, de la Guardia de Infantería y del Comando Radioeléctrico –“todas las dependencias principalmente involucradas en los hechos” por los que fueron imputados los Yanicelli, agregó el juez.
Tales bandas, según recordó Cuello, tuvieron un rol protagónico en el derrocamiento del Gobierno constitucional de Córdoba, a cargo de Ricardo Obregón Cano y el vicegobernador Atilio López, el 28 de febrero de 1974, lo que se conoció como el ‘Navarrazo’.
Cuello indicó que estos grupos se dedicaron a la colocación de bombas, secuestros, torturas y desaparición de personas. Y aclaró que a partir de setiembre de 1974, asumió la Jefatura de Policía el comisario mayor Héctor García Rey (fallecido), quien, según dijo, comandaba personalmente los operativos represivos que empiezan a llevar la firma autoral de la organización “Tres A”.
Mencionó, al respecto, que los primeros operativos que lideró fueron los “asaltos” a las sedes del Sindicato de Luz y Fuerza, del Partido Comunista y del Partido Socialista. Entre los integrantes de aquellos grupos policiales, mencionó expresamente a los Yanicelli.
Foto: Carlos Yanicelli. (La Voz)
