Anuló la resolución de la Cámara de Rosario.
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal sobreseyó a ocho imputados por presunto contrabando agravado, asociación ilícita y lavado al declarar extinguida la acción penal por la violación de la garantía constitucional a ser juzgadas en un plazo razonable.
El tribunal de alzada anuló de este modo una resolución previa de la Cámara Federal de Rosario que avalaba la continuidad del proceso, tras constatar que la causa llevaba más de 12 años en trámite sin superar la etapa preliminar preparatoria y sin que se lograra concretar la declaración indagatoria de todos los sospechosos debido a sucesivos retrasos, parálisis institucionales y conflictos de competencia estatales.
La acusación
La causa comenzó en 2013 mediante una denuncia de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip, hoy Arca) aunque tres años después fue imputado Osvaldo Augusto Ferrer como supuesto jefe y organizador de la asociación ilícita encaminada a burlar el control aduanero y eludir impuestos.
Como coautores de la maniobra fueron señalados José Horacio Salbia, Enrico Catalano, Diego González de la Vega, Héctor Braidotti, Hipólito Benso, Mariano Hernán Ganduglia y Marta Josefa Sosa.
Así, según la acusación del fiscal N° 1 de Córdoba, Enrique Senestrari, Ferrer —aprovechando sus conocimientos como exfuncionario aduanero y asesor de comercio exterior— habría diseñado un esquema para que empresas importadoras obligadas a equilibrar la balanza comercial no ingresaran divisas y eludieran tributos.
Para eso, habría acordado con Finning Argentina SA la exportación de mercadería declarada como supuestamente producida por la firma Bioproducciones SA (presidida por Osvaldo Daniel Iturri y con la participación de Ferrer y su esposa, Nora Alejandra Navarro) por valores Free on Board (FOB) inferiores a los reales.
Para el desarrollo del plan se habrían realizado operaciones de exportación bajo la firma Trading Sur SA (compuesta por De la Vega, Braidotti y Benso) y la intermediación de la despachante de aduana Sosa.
Asimismo, se formuló un cargo por contrabando relacionado con la exportación de casi siete toneladas de mercadería en el buque Long Lucky que no encuadraban en la posición arancelaria declarada.
Por último, se incluyó un cargo por lavado contra Ferrer y Navarro, a quienes se acusó de constituir en 2013 la firma Toltry SA (de Ferrer y Navarro) en Uruguay para blanquear fondos delictivos e adquirir un condominio en Miami (Estados Unidos) de casi un millón de dólares.
Idas y vueltas
La causa sufrió sucesivos cambios de jurisdicción y pasó por Córdoba y Rosario. Las defensas de los acusados solicitaron reiteradamente que se declarara la insubsistencia de la acción penal por prescripción.
Tras declinarse la competencia en Córdoba, las actuaciones recayeron en Rosario. La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones local rechazó los pedidos de las defensas.
El fallo definitivo de Casación
El fallo fue apelado y ahora Casación anuló la decisión de Rosario y sobreseyó a los imputados.
“El extenso tiempo que lleva de trámite el caso es a causa fundamentalmente de la falta de diligencia de las autoridades estatales y, en consecuencia, se ha lesionado el derecho fundamental de los acusados a ser juzgados sin dilaciones indebidas y a la definición de los procesos en un plazo razonable, resultando adecuado poner fin al ejercicio de la persecución penal del Estado”, dijo la camarista Ángela Ledesma.
“Existe aquí un retraso injustificado de tal magnitud que la única forma de atender al respeto por la garantía puesta bajo análisis es con la declaración de extinción de la acción penal por violación al plazo razonable del proceso y el consiguiente sobreseimiento de los encausados”, agregó, en el mismo sentido, su par Guillermo Yacobucci.
En disidencia, el juez Alejandro Slokar votó por anular la resolución y reenviar las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento.
