El juez Sánchez Freytes les dictó la prisión preventiva. En el proceso anterior, Gil recibió perpetua y Ramírez, 12 años.
El juez federal N° 2 de Córdoba capital, Alejandro Sánchez Freytes, procesó y dictó la prisión preventiva a cuatro hombres acusados de participar en el secuestro extorsivo y posterior brutal asesinato de Santiago Aguilera Allende (18), ocurrido en 2022 en jurisdicción de la ciudad de Villa Dolores.
Lucas Ramón “Tití” Flores (31), Matías Nahuel “Mini” Castro (23) y Reinaldo Rubén “Zurdo” Rejas (52) fueron imputados por los fiscales María Schianni y Maximiliano Hairabedian por presunto secuestro extorsivo triplemente agravado por haber causado lesiones a la víctima, por haber participado tres o más personas y por haber causado intencionalmente la muerte y por robo.
Carlos Eduardo “Peko” Hualpa (22) también fue procesado, con preventiva, por el secuestro extorsivo triplemente agravado.
Los sospechosos se suman a los ya procesados Pedro Ezequiel González, Marcos Antonio “Markitos” Maldonado, Jorge Alejandro Altamirano (los tres por secuestro extorsivo triplemente agravado y robo) y Lucas Emanuel Rejas (secuestro extorsivo triplemente agravado).
En la primera etapa de la causa, ya habían sido condenados el ideólogo Walter Ezequiel Gil, a perpetua por secuestro extorsivo triplemente agravado y robo, y Julio César “Kuri» Ramírez, a cuatro años, por encubrimiento agravado.
Pero la Cámara Federal de Casación Penal anuló la condena por encubridor y lo condenó como partícipe secundario del secuestro y muerte, con lo cual debe cumplir 12 años de cárcel, aunque bajo revisión por otra sala del máximo tribunal penal del país.
Crimen de Santiago Aguilera: la acusación contra los nuevos cuatros procesados
La acusación sostiene que Castro, Flores, Rejas, Gil (condenado), González, Maldonado y Altamirano y otros no identificados habrían organizado el secuestro de Santiago al recabar información sobre el dinero con el presuntamente contaba su familia para luego exigir el rescate por su liberación.
La noche del 16 de agosto de 2022, Gil contactó a Santiago con la excusa de compartir unas bebidas y, junto con otros, lo buscó cerca de su casa, en el paraje Chuchiras en un Peugeot 405.
Lo trasladaron hacia la zona de los barrios San Pablo y Piedra Pintada, camino a Boca de Río, de la localidad de Las Tapias, hasta un lugar, donde lo habrían mantenido cautivo, sustrayéndole el teléfono celular, la billetera y el DNI.
Gil (había entrado a trabajar al corralón, propiedad de Carlos César Aguilera, padre de la víctima) y posiblemente otros captores, desde el teléfono de la víctima, enviaron mensajes de texto a la madre del joven, en un lenguaje mal escrito y con errores reiterados de ortografía.
“Buenos días, lamento decirle que tenemos secuestrado a su hijo. La suma de dinero para su devolución serían 7 millones. No intenten nada raro; los tenemos bien vigilados. Sabemos qué hacen, dónde y con quién están (…). Si no me comunico es que hicieron algo o llamaron a la Policía. Los estamos observando a cada momento”.
A partir de ese momento, las negociaciones por la entrega del rescate y liberación del nombrado concluyeron. Santiago fue asesinado brutalmente a golpes y puñaladas en el tórax y el cráneo.
Los fiscales instaron los procesamientos de Flores, Castro, “Zurdo” Rejas y Hualpa, lo que fue ordenado por el juez Sánchez Freytes con preventiva.
“Flores, Hualpa, Castro y Rubén Rejas habrían sido -junto con los restantes involucrados- actores claves del plan delictivo, habrían ejecutado sus tareas y habrían querido, también, el resultado lesivo final”, dijo el juez.
De esta forma, el juez puntualizó que “Zurdo” Rejas habría intervenido en la parte de planificación y coordinación delictiva y Flores, Hualpa y Catro habrían actuado en el cautiverio y en la muerte de la víctima.
“Coincido plenamente con el Ministerio Publico al decir que en este caso de características aberrantes, el desenlace del delito originario fue acompañado de un injusto cuyos efectos son irreversibles, con lo cual la crueldad de la maniobra se ha visto aumentada de manera incomparable”, resaltó.
“Así, resultó ser un delito con una ultraintención patrimonial, y, además, constituyó la decisión autoritaria de autores materiales y, por supuesto, intelectuales de poner fin a la vida de una persona de 18 años, dando forma con ello a los presupuestos objetivos y subjetivos que la figura agravada exige”, recalcó.
Foto: Santiago Aguilera. (La Voz)
