Están acusados además su exesposa, un hijo y otros dos hombres.
El juez federal N° 1 de Córdoba capital, Carlos Ochoa, elevó a juicio al dueño del local Rapoza Roberto Moyano, su exesposa, un hijo en común y otros dos hombres por presuntamente haber conformado una banda delictiva dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.
La resolución desestimó las oposiciones presentadas por los abogados defensores y dio luz verde al requerimiento efectuado por la Fiscalía Federal N° 1, a cargo de Virginia Miguel Carmona.
Además de Moyano (p), fueron enviados a juicio su exesposa Marisa Elba Chinellato, su hijo Federico Ariano Moyano Chinellato, Gustavo Elías Guggiana y Julio Manuel Páez.
El otro hijo de Moyano, Agustín Gabriel Moyano Chinellato, fue procesado en julio por los mismos delitos, pero debido a que apeló, la Cámara no se expidió aún y no formó parte de la elevación. Fue sobreseído, asimismo, por un hecho de trata por prescripción. Paralelamente, los hechos de presunto lavado se investigan por separado y no fueron enviados a debate tampoco.
El caso de Rapoza en Córdoba
La Fiscalía Federal N° 1 atribuyó a Moyano (p) haber organizado y dirigido, desde aproximadamente el año 2000, una supuesta asociación ilícita destinada a la captación y explotación sexual de mujeres mayores y menores de edad.
Según la investigación, la estructura utilizaba establecimientos comerciales de entretenimiento como Rapoza, Ibiza, Rapoza Vip o Delirios, y Madero, además de inmuebles privados ubicados en las calles San Martín, Sarmiento y Humberto Primo.
El mecanismo de captación habría consistido en ofertas laborales engañosas bajo convocatorias para promotoras o bailarinas. Una vez incorporadas, las víctimas eran presuntamente inducidas al consumo de estupefacientes, sometidas a intervenciones quirúrgicas o estéticas para modificar sus cuerpos y resultar más “atractivas” para prestar “servicios” sexuales (explotación).
Dentro de los hechos atribuidos, se acusa a Moyano, a su hijo Federico y a Guggiana por la captación e inducción a la prostitución de una menor de 16 años identificada en 2023, quien se hallaba en absoluta vulnerabilidad al residir en un hotel abandonado sin servicios básicos.
Por otro lado, se le atribuye a Páez, alias «Cacho Moyano», la captación y sometimiento de otra víctima (mayo de edad). Páez le habría alquilado un departamento propiedad de Chinellato y, bajo supuestas amenazas de muerte contra ella y sus hijos, la habría obligado a prostituirse en la calle, controlando sus ganancias, retirándole la documentación y suministrándole estupefacientes mientras estaba embarazada.
La postura de las defensas
Moyano (p) rechazó de manera categórica la totalidad de los hechos atribuidos. Sostuvo que durante toda su vida se dedicó exclusivamente de forma individual a la explotación comercial de locales gastronómicos y bailables, afirmando que comercios como Rapoza Vip, Ibiza y Madero funcionaban únicamente como bares y centros de espectáculos sin actividad ilícita alguna.
Negó la existencia de una asociación criminal con sus familiares o colaboradores, indicando que sus hijos solo le prestaban ayuda ocasional en redes sociales y transferencias, que Guggiana cumplía tareas de seguridad y que Páez era un exempleado eventual de años atrás.
Asimismo, negó conocer a las víctimas o haber participado en la captación de mujeres, aduciendo ser objeto de una persecución policial y municipal por haberse negado a abonar pagos ilegítimos a funcionarios.
Por su parte, el defensor de Guggiana solicitó el sobreseimiento total de su asistido argumentando que no existe ningún elemento probatorio que demuestre que ocupó un rol de administrador o encargado de la logística en los locales de Moyano. Aseguró que la única vinculación de Guggiana se limitó a tareas de seguridad prestadas en Ibiza.
En la misma línea, el defensor de Moyano Chinellato, interpuso oposición y requirió el sobreseimiento al alegar que su defendido apenas aparece mencionado de forma aislada en la causa, sin que se le atribuyan conductas concretas o pruebas que acrediten su pertenencia a una asociación ilícita o su participación en delitos de trata de personas.
Los cinco procesados, a juicio
El juez Ochoa no hizo lugar a las oposiciones y elevó la causa a juicio contra los cinco procesados. Sostuvo la existencia de los hechos y la participación de los imputados. De acuerdo con los elementos probatorios y testimonios de las víctimas sobre la modalidad de engaño, el abuso de vulnerabilidad y la coerción ejercida.
El juez resaltó que en la casa de Moyano Chinellato se encontró un cuaderno con su nombre con anotaciones sobre listados de mujeres, horarios asignados a los «pases» y averiguaciones de presupuestos y clínicas para la realización de cirugías estéticas.
Por todo ello, el magistrado concluyó que la consistencia indiciaria resulta incuestionable para someter el caso a juicio.
Foto:
