El Juzgado Federal N° 2 dictó la prisión preventiva para el principal acusado y arresto domiciliario para la familiar de una joven (17).
El Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, procesó con prisión preventiva a Raúl Alberto Kuk (44) por presunta trata de personas con fines de forzar una unión de hecho, agravada por el abuso de una situación de vulnerabilidad de una menor (hoy, de 17 años) de la comunidad Rom (gitana).
En la misma resolución, firmada el 20 de mayo de 2026, el magistrado dispuso el procesamiento de la abuela paterna de la víctima, Silvia Miriam Deglise (63), bajo la modalidad de prisión domiciliaria con un dispositivo de monitoreo electrónico. Los acusados negaron los hechos enrostrados.
El caso en Córdoba
La investigación describe una secuencia de eventos que comenzaron entre 2010 y 2011, cuando Jonatan Aaron Traico (padre de la menor) se presentó en la casa de su expareja en la localidad santafesina de Venado Tuerto y, con presuntas amenazas con armas de fuego, se habría llevado a sus dos hijos mayores para reintegrarlos a una comunidad gitana en Córdoba.
Posteriormente, la abuela de la víctima, Deglise, llegó al sitio y, bajo supuesta violencia verbal y amenazas, trasladó a la joven, quien en ese entonces tenía dos años, a Córdoba. Deglise habría obligado a la menor y a su hermana a realizar tareas domésticas y de limpieza en su propio beneficio, provocando la interrupción de su escolaridad, el aislamiento social y la restricción de su libertad.
Con posterioridad, antes de abril de 2024, el padre y la abuela de la chica habrían ofrecido a la menor a una familia a cambio de una dote de nueve millones de pesos, forzándola a una unión de hecho (equiparable a un matrimonio infantil) con otro menor.
El dinero recibido habría sido utilizado por el padre para radicarse en Barcelona, España (con pedido de extradición solicitado por el juez Sánchez Freytes, por lo cual no resolvió ahora su situación procesal).
La joven convivió en Pergamino, Buenos Aires, donde habría sufrido violencia verbal de su pareja, hasta que en mayo de 2025, el joven disolvió la unión y la chica fue «devuelta» a su familia paterna, quedando al cuidado de su tío, Abraham David “Polaco” Traico (41), en Alta Gracia.
Ante la resistencia de la menor de regresar con su abuela, su padre y su tío habrían iniciado tratativas para tramitarle un pasaporte y trasladarla a España con el fin de someterla presuntamente a otra unión forzada.
En este contexto, Kuk habría contactado telefónicamente a la joven a través de un intermediario y, valiéndose de promesas de afecto, la habría persuadido a irse con él, ya que la joven quería alejarse de su familia.
Así, en agosto pasado, Kuk acudió al domicilio donde la menor estaba (es decir, la casa de su tío Abraham) bajo el pretexto de comprar un vehículo y la habría trasladado a la localidad bonaerense de Ciudadela para convivir en una nueva unión de hecho forzada.
Al advertir la supuesta huida, la abuela y el tío de la menor habrían radicado denuncias penales falsas ante la Justicia provincial y luego ante la federal acusando a Kuk de «secuestro extorsivo» cuando, en realidad, el objetivo habría sido recuperar el control sobre ella.
Pero el caso dio un giro cuando la propia víctima y Kuk llamaron al 911 desde Buenos Aires, lo que permitió a la Policía Federal localizarlos en una comisaría de Ciudadela y poner a resguardo a la joven.
Postura de las defensas
Brian Chiaraviglio, abogado defensor de Deglise y Abraham Traico, solicitó el sobreseimiento de sus asistidos argumenta al señalar que los hechos endilgados no eran delito y que los elementos probatorios de la fiscalía eran inconsistentes e insuficientes.
Alegó que existe un «evidente sesgo cultural y prejuicio hacia la comunidad gitana» en el desarrollo del proceso y en la valoración de las pruebas. Como medida subsidiaria, solicitó la libertad de ambos por falta de mérito.
Por su parte, la defensora pública oficial, Ana María Blanco, en representación de Kuk, también requirió su sobreseimiento al considerar que los hechos no encuadran en ninguna figura penal debido a la falta de tipicidad objetiva y subjetiva. Para ello se basó en las declaraciones del imputado y de la propia menor. Subsidiariamente, solicitó que se eliminen las agravantes del delito que se le atribuye.
Postura del fiscal
El fiscal federal N° 1, Enrique Senestrari, modificó la acusación inicial de secuestro extorsivo en contra de Kuk. En su requerimiento, acusó a Deglise por supuesta trata de personas agravada por violencia, abuso de vulnerabilidad, vínculo ascendiente, consumación de la explotación y minoría de edad de la víctima, falsa denuncia y falso testimonio agravado.
Al tío, le atribuyó presunta trata agravada por parentesco colateral y abuso de vulnerabilidad junto con falsa denuncia. Finalmente, acusó a Kuk por supuesta trata con fines de reducción a la servidumbre y unión de hecho forzada, agravada por el abuso de una situación de vulnerabilidad, consumación y por la minoría de edad de la víctima.
De esta forma, solicitó el procesamiento y la preventiva de los tres.
Procesamientos ordenados por el juez
El juez Sánchez Freytes procesó a Kuk y Deglise y ratificó así la calificación legal por hechos de trata de personas.
«Las manifestaciones tanto de la víctima como del imputado (Kuk) en el sentido indicado no desvirtúan la materialidad del hecho investigado ni atenúan la responsabilidad penal que le cabe a este último por su acción”, dijo el magistrado y rechazó el argumento del hombre de que buscaba “rescatarla” de la familia paterna con el propósito de lograr el reencuentro de la menor con su madre y abuela materna.
«Dicha circunstancia pierde sustento frente a los restantes elementos de prueba reunidos, especialmente las conversaciones extraídas de la apertura del teléfono celular incautado, de las cuales se evidencia una finalidad completamente diferente a la alegada por el nombrado, esta es, la de lograr una unión de hecho con la menor», agregó y puntualizó que el consentimiento de la víctima en trata es «jurídicamente irrelevante».
Respecto a Deglise, el juez sostuvo que su conducta se encuentra agravada porque habría “ejercido violencia” contra su nieta y “se habría aprovechado de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba”.
“Ella era el núcleo familiar que tenía, ya que desde muy temprana edad la menor perdió cualquier tipo de contacto con su madre, y que habría sido su abuela, la que le habría impedido reestablecer el vínculo con ella por cualquier medio”, agregó.
Por su parte, dictó la falta de mérito para Abraham y Deglise por otro hecho de presunta trata y de falsa denuncias para que el fiscal profundice la pesquisa y determine sus eventuales responsabilidades.
Foto: Imagen ilustrativa. (Pexels.com/Rob Volz)

