El Gobierno nacional redujo un 20,4% la dotación de personal desde su asunción y hasta mayo pasado.
El Gobierno nacional redujo la dotación de personal un 20,4 por ciento desde su asunción, en diciembre de 2023 a mayo de 206, lo que se tradujo en 69.992 puestos de trabajo menos, según reveló un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa).
“En términos absolutos, la mayor parte del recorte recae sobre la administración descentralizada (es decir, los organismos o entes públicos que manejan asuntos específicos con autonomía técnica, administrativa y financiera); en segundo y tercer lugar las empresas y sociedades y la administración centralizada (es decir, conjunto de órganos y dependencias que integran directamente al Ejecutivo) respectivamente; y en cuarto y quinto lugar, la administración desconcentrada (es decir, el conjunto de oficinas y delegaciones del Gobierno para ejecutar funciones en diferentes zonas del país) y otros entes, respectivamente”, indicó el reporte.
En términos porcentuales, advirtió que la mayor parte del recorte recayó en la administración centralizada; en segundo y tercer lugar, las empresas y sociedades y la administración descentralizada; y en cuarto y quinto lugar, corresponde a la administración desconcentrada y a otros entes, respectivamente.
Los organismos públicos nacionales con más recortes en Argentina
El recorte de empleados públicos nacionales en el período analizado en el informe tuvo un “fuerte impacto” en empresas y organismos estratégicos del Estado, según Cepa.
“El caso más significativo es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.465 despidos. Esta situación no solo implica una pérdida laboral masiva, sino que afecta funciones esenciales que exceden el envío de cartas y paquetes: el Correo garantiza la conectividad territorial, presta servicios en zonas desatendidas por operadores privados y cumple un rol logístico clave para el Estado, incluyendo la distribución de DNI, medicamentos, materiales educativos y el soporte de los procesos electorales del país”, dijo.
Le siguen la Operadora Ferroviaria, a cargo de la prestación de servicios de transporte ferroviario de pasajeros en todo el país, incluyendo el mantenimiento del material rodante, con 4.109 despidos, y el Banco Nación, con 2.368 desvinculaciones.
En Aerolíneas Argentina, a cargo de interconectar el país, se contabilizan 1.979 despidos y en Agua y Saneamientos Argentinos SA (Aysa), 1.844 despidos. En la Casa de la Moneda se contabilizaron 715 despidos, “poniendo en riesgo la capacidad operativa de la empresa”; en Corredores Viales, con 695 despidos; la Agencia de Publicidad del Estado y Belgrano Cargas y Logística corrieron suertes similares al contar con 637 y 606 despidos, correspondientes.
Finalmente, en Fabricaciones Militares se desvincularon 458 trabajadores, lo que representa un “ataque directo” a la capacidad del Estado de producir material militar y “desnaturalizando” el Complejo Militar Industrial.
Por su parte, en el Estado Mayor General de la Armada las cesantías alcanzaron a 1.387 agentes, mientras que en el Estado Mayor General (EMG) del Ejército hubo 816 desvinculaciones y en el EMG de la Fuerza Aérea, 837.
En términos proporcionales
El informe indicó que el ajuste en “términos proporcionales”, es decir, en relación con la dotación total de personal de cada organismo o empresa pública, surgen casos que expresan “de forma más nítida no solo la magnitud del recorte, sino la orientación ideológica del proceso de desmantelamiento del Estado”.
El caso más extremo es el de la entonces agencia nacional de noticias Télam, donde el recorte alcanzó el 79% del personal. “Este desmantelamiento no se limita a un ajuste presupuestario: constituye una decisión política de alto impacto simbólico y estructural, orientada a desarticular la capacidad del Estado de comunicar desde una perspectiva federal, plural y soberana”, advirtió Cepa.
“Con su virtual cierre, se debilita una herramienta estratégica para equilibrar la concentración mediática, visibilizar las realidades del interior del país y construir relatos alternativos a los del mercado”, agregó.
El caso de la ex-Afip
La mayor reducción nominal de personal se registró en la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), hoy Agencia de Recaudación (Arca), con 3.429 puestos de trabajo eliminados.
“Representa un golpe directo a la capacidad de fiscalización, recaudación y control administrativo del Estado. Este recorte masivo compromete el funcionamiento de un organismo clave para la sostenibilidad financiera del sector público y la eficiencia en la gestión de los recursos”, dijo el informe.
Por su parte, el ajuste también “impactó con fuerza” en organismos científicos y técnicos fundamentales para el desarrollo estratégico nacional. En el Conicet se redujeron 1.961 trabajadores, entre investigadores, técnicos y personal de apoyo. “Esta medida no solo afecta la continuidad de líneas de investigación de largo plazo — muchas de ellas vinculadas a problemáticas críticas como salud, ambiente, energía y soberanía alimentaria—, sino que debilita el tejido institucional del sistema científico argentino, históricamente reconocido en la región”, alertó Cepa.
“¿Ahorro o ajuste?”
Cepa indicó que el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, señaló que la reducción de personal en el sector público implicó un ahorro de 2.814 millones de dólares durante la gestión de Javier Milei.
“Sin entrar a discutir la veracidad o exactitud de esa cifra, lo relevante desde el punto de vista del análisis de políticas públicas no es tanto el monto, sino la naturaleza de esa reducción: ¿debe interpretarse como un ahorro genuino o como un ajuste de carácter recesivo? Para que una disminución del gasto en personal pueda calificarse como un ahorro, y no como un mero recorte presupuestario, esa reducción debería ser el resultado de un proceso previo de reingeniería institucional”.
“Esto implica un diagnóstico riguroso de cada organismo y empresa del Estado que permita identificar ineficiencias reales”, añadió Cepa y afirmó: “En cambio, cuando los recortes se aplican de manera lineal, sin estudio de cada caso ni plan de modernización que los justifique, lo que se produce es un ajuste de tipo cuantitativo, cuyo único objetivo es reducir el déficit fiscal en el corto plazo”.
Foto: Imagen ilustrativa. (Pexels.com/Cottonbro Studio)
