El juez procesó al hombre por defraudación y por tenencia ilegítima de arma de guerra.
El juez federal N° 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, procesó a un hombre por presuntamente haber defraudado por más de 6,4 millones de pesos a la obra social de Sancor y al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), del Ministerio de Salud nacional, mediante el uso repetido de formularios y recetas médicas falsificadas con las que obtenía medicamentos y leche para revenderlos.
El magistrado, en la misma resolución, también procesó a Luis Gabriel “Gringo” Brochero por la tenencia ilegítima de un revólver de guerra que tenía su numeración de serie borrada y dispuso un embargo sobre sus bienes por 15 millones de pesos.
Cómo habría cometido el fraude en Córdoba
De acuerdo con la acusación del fiscal N° 1, Enrique Senestrari, las acciones atribuidas a Brochero se dividen en dos hechos delictivos diferentes. En el primer caso, entre el 24 de enero y el 31 de mayo de 2022, habría cometido una defraudación de 6.481.861 pesos en perjuicio de la Obra Social del Personal de la Asociación Mutual Sancor y del FSR.
La maniobra consistía en que el acusado presentó en 152 ocasiones ante diversas farmacias un total de 21 formularios de autorización (formularios 04) emitidos originalmente por el sector de Discapacidad de la obra social. Estas autorizaciones eran acompañadas por recetas falsas en las que se simulaba la firma y el sello de dos médicos.
Aprovechando que los formularios otorgaban una cobertura del cien por cien para su hijo menor, afiliado por su discapacidad, Brochero retiraba de forma masiva pañales, materiales descartables y medicamentos como Novalgina e Ibupirac, además de una gran cantidad de tarros de leche de las marcas Nidina, Nido Tres, Nutrilon y Vital Infantil, superando ampliamente los volúmenes que realmente requería y le habían sido recetados al menor.
El segundo hecho imputado corresponde al hallazgo de un arma de fuego de procedencia ilícita en poder del acusado con anterioridad a julio de 2025. Durante un allanamiento ordenado por la Justicia federal en la vivienda de Brochero, en barrio Pueyrredón, de la ciudad de Córdoba, la Policía Federal descubrió oculto dentro de un ropero un revólver calibre 38.
Este armamento, catalogado legalmente como arma de guerra de uso civil condicional, presentaba una supresión total de su número de matrícula de origen mediante un proceso de desgaste por fricción. En el momento del secuestro, el arma se encontraba cargada con seis municiones en su tambor. El imputado guardaba una caja con otras 50 municiones.
Postura de la defensa y del fiscal
El fiscal solicitó al juez procesar a Brochero tras considerar probado que el acusado modificaba de manera deliberada las fechas de vencimiento de las autorizaciones y de las recetas para sortear la cadena de controles farmacéuticos y evitar que las irregularidades fueran detectadas.
El fiscal señaló que los productos obtenidos en exceso eran presuntamente revendidos en la red social Facebook bajo un perfil llamado Gabi.Fer, denominación que coincide con el segundo nombre de Brochero y las primeras letras del nombre de su novia y madre del menor, si bien los enlaces de las publicaciones y el perfil fueron eliminados y no pudieron ser recuperados.
Para Senestrari, el imputado coordinaba la entrega de los insumos mediante la aplicación WhatsApp utilizando una línea telefónica registrada a nombre de su pareja. El fiscal aclaró que la acusación se dirige únicamente contra Brochero debido a que él es el afiliado titular de la obra social a través del cual se habilitaron los beneficios médicos.
Por su parte, el acusado no declaró y se abstuvo de testificar tanto en su declaración indagatoria inicial como en la posterior ampliación.
Procesamiento
El juez recordó que si bien inicialmente le había otorgado la falta de mérito debido a que faltaba precisar cuáles eran las farmacias afectadas y las recetas adulteradas, ahora había razones suficientes para ordenar el procesamiento.
Entendió que las medidas de prueba tramitadas por la fiscalía aportaron indicios serios, graves y concordantes que justificaban el procesamiento, dejando aclarado que la investigación penal deberá continuar abierta para esclarecer detalladamente el total de los locales comerciales perjudicados y los médicos cuyas firmas fueron falsificadas.
En relación al arma secuestrada, el juez se remitió al peritaje, que concluyó que el revólver se encontraba apto para efectuar disparos y que el borrado de la matrícula era visible de forma ostensible, por lo que determinó que el acusado no podía desconocer el origen ilegal del objeto bajo su custodia.
El juez fundamentó que, aunque Brochero figura en los registros oficiales de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) como un usuario legítimo habilitado para armas de uso civil condicional, esa condición administrativa no lo facultaba para poseer un arma según su tipo y condición.
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