La empresa terminó el vínculo por la incapacidad laboral del 69,75% del empleado, lo indemnizó pero el extrabajador reclama que se le abone lo que considera que resta.

Un exempleado del Correo Argentino de la ciudad de Río Cuarto demandó a la empresa en reclamo del pago de una diferencia de 40 millones de pesos en la indemnización por invalidez abonada.

Demanda contra Correo Argentino

El demandante, quien se desempeñaba como Jefe de Sección con una antigüedad que se remonta a febrero de 1983, recibió una notificación de extinción de su contrato de trabajo en noviembre de 2025.

La empresa dispuso la extinción del contrato de trabajo luego de que un dictamen médico determinara que el empleado padecía una incapacidad laboral del 69,75 por ciento, encuadrando el caso como una invalidez absoluta.

El reclamo central radica en la cuantía de la indemnización abonada. Mientras que la empresa le depositó $ 58.158.419, el demandante sostiene que, de acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo, el monto correcto debería ascender a $ 98.863.083.

Esta discrepancia de $ 40.704.663 (más costas e intereses reclamadas) surge de la base de cálculo utilizada: el trabajador exige que se tome como referencia su mejor remuneración mensual, normal y habitual de julio de 2025 ($ 2.268.896, incluyendo el proporcional de aguinaldo), multiplicada por los 43 años de antigüedad acumulados desde su ingreso en febrero de 1983.

Esos $ 40.704.663 incluyen, según señaló en la demanda, los $ 1.300.534 de integración del mes de despido. Dijo que como el cese del contrato se produjo el 10 de noviembre de 2025, restaban 20 veinte días hasta el último de ese mes.

La demanda se presentó ante el Juzgado de Conciliación y Trabajo N° 2 de Río Cuarto, pero se declaró incompetente por tratarse de una entidad nacional. Así, el caso fue ingresado en el Juzgado Federal local, a cargo de Carlos Ochoa.

El magistrado corrió vista de la demanda a la Procuración del Tesoro de la Nación, en representación del Correo, para que la responda.

Otro caso

La actual demanda contra el Correo se suma a una anterior, radicada en la ciudad de Córdoba, en la que la empresa fue condenada pagarle una indemnización millonaria a un exjefe con 41 años de antigüedad al que despidió por presuntas irregularidades cuando no estuvo justificado hacerlo.

El exempleado relató que, tras décadas de servicio, en 2006 alcanzó el cargo de jefe de la sucursal Patio Olmos, de la Capital provincial. Dijo que su desempeño fue habitual y sin inconvenientes hasta la pandemia de Covid-19, periodo en el que trabajó con altos niveles de estrés debido al cierre de la oficina central y la derivación masiva de clientes a su sucursal (que no estaba automatizada).

El conflicto se originó tras una inspección que la Unidad de Inspección General del Correo realizó en 2021. Los dos inspectores controlaron arqueos de timbrados ordinarios, timbrados de unidades postales, cupones internacionales, fajas de seguridad y arqueos de bienes de cambio.

El exjefe cesanteado sostuvo que si bien inicialmente no se hallaron irregularidades en los arqueos de caja ni en los bienes de cambio, meses después el demandante fue notificado de su despido “con justa causa”.

La empresa lo acusó de haber adulterado números en los sellos de franqueo de cinco piezas postales —transformando ceros en ochos— para presuntamente apoderarse de la diferencia de dinero durante casi dos años, además de imputarle abandono de servicio por retirarse antes del cierre de la sucursal.

El demandante dijo que no hubo un perjuicio económico para la empresa, ya que los arqueos de caja resultaron siempre positivos y que nunca se le notificó de faltantes de fondos. Respecto a haber abandonado sus tareas antes del cierre, dijo que resultaba físicamente imposible para un solo agente realizar la apertura y el cierre de la sucursal (lo hacía su reemplazo natural).

El exempleado demandó a la empresa y solicitó ser reincorporado en igual condiciones laborales en las cuales prestaba servicio y con los respectivos salarios caídos. Dijo que la empresa no sustanció un sumario previo ni le permitió ejercer su derecho de defensa y que tenía 41 años de trayectoria “impecable”.

Agregó que haber sido despedido afectaba en su reputación y su salud psíquica, por lo que requería tratamiento psiquiátrico. Finalmente, el juez Alejandro Sánchez Freytes resolvió que el despido fue injustificado y ordenó al Correo indemnizarlo con 14.103.153 de pesos actualizables.

“Las pruebas producidas en sede judicial han desvirtuado la existencia de las faltas imputadas al actor”, sostuvo el magistrado. Recordó que sobre el Correo pesaba el deber de suministrar la evidencia para validar la desvinculación, pero “no logró probar las circunstancias en las que aquella se basó, lo cual obliga a establecer que el acto rupturista consistió, en última instancia, en un despido sin justa causa. Por tal motivo, se considera oportuno resaltar la orfandad de pruebas fehacientes y determinantes sobre el proceder puntualmente reprochado al actor”.

Foto: Imagen ilustrativa. (Facebook Correo Argentino)