Finalmente, 48 años después, la Justicia Federal argentina dictaminó la anulación de la intervención a la empresa Mackentor durante la última dictadura cívico militar. El pasado martes, la jueza Carolina Prado, Presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1, leyó que: “este Tribunal, por unanimidad, resuelve declarar la nulidad de la intervención judicial de ‘Mackentor SA’, dispuesta con fecha 2 de mayo de 1977, por su vinculación con el delito de usurpación, calificado como crimen de lesa humanidad (caso 461 de la sentencia de autos principales de fecha 24.10.16) y de los actos cumplidos con posterioridad a dicha medida”.
Carolina Prado y sus colegas Facundo Zapiola y Cristina Giordano fallaron la nulidad de la intervención judicial y los consiguientes actos, detallando que: “la rescisión contractual de la obra acueducto San Francisco – Villa María dispuesta por Obras Sanitarias de la Nación y su readjudicación a la empresa Supercemento SA” y de “la venta de la fábrica de tubos para conductos de alta presión en lo que atañe al saldo impago”.
Mackentor fue una compañía dedicada a la construcción, con sedes en Córdoba y Buenos Aires, y adjudicataria de importantes obras públicas en todo el país. La empresa que tenía como principal accionista a Natalio Kejner, y de la que participaban en la propiedad sus equipos técnicos y empleados, era una poderosa constructora en los años ’60 y ’70, equivalente a otras como Juan Chediack y algo menor que IECSA -accionista en aquel momento de Supercemento S.A- del grupo Macri.
Bajo la acusación de financiar a una organización guerrillera, la madrugada del 25 de abril de 1977, efectivos de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV, ingresaron con violencia y armas de fuego en las oficinas de Mackentor y secuestraron documentación e impidieron a los empleados el ingreso a las oficinas, que inmediatamente fueron clausuradas y puestas en custodia de las fuerzas de seguridad. Sus directivos y empleados fueron secuestrados, y la empresa fue desmantelada.
Supercemento sería la compañía que se quedaría con una fábrica de caños de Mackentor y con la obra del acueducto San Francisco – Villa María, una de las principales obras públicas de los años ’70.
Al día siguiente del megaoperativo, el Banco Central bloqueó los fondos de MacKentor y dos días después el general Arturo Gumersindo Centeno, jefe de la Brigada Aerotransportada IV, se presentó en el Juzgado Federal Nº 1. Ante su titular, Adolfo Zamboni Ledesma, informó la existencia de una “investigación militar” sobre el presunto vínculo de las empresas del grupo MacKentor con la guerrilla y solicitó su “urgente intervención judicial” a fin de adjudicar al Ejército “el manejo total y absoluto de sus respectivas administraciones”. Zamboni Ledesma dio respuesta favorable al pedido y designó al coronel retirado Rodolfo Battistela como interventor.
Nunca se les pudo probar a los miembros de Mackentor vinculación alguna con las organizaciones armadas de la época.
De acuerdo a lo expuesto por la sentencia del Tribunal Federal 1: “La intervención y la usurpación fueron un mismo acto de despojo orquestado por el terrorismo de Estado”.
Asimismo, se declararon nulos los expedientes judiciales iniciados por Mackentor contra el Estado Nacional y los relacionados con su quiebra, imponiendo las costas al Estado. Más allá de esta sentencia, continuarán las acciones sobre la segunda etapa de este proceso, que refiere a la reparación sobre las víctimas, acerca de los efectos que la intervención produjo en la empresa.
Juan Carlos Vega, abogado de las víctimas de Mackentor, afirmó que: “por primera vez en la historia de la Democracia Argentina, somos escuchados por jueces imparciales y sin prejuicios políticos, ideológicos ni religiosos. Eso no significa de ninguna manera que nuestros pedidos indemnizatorios serán concedidos. La búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia es lo que ha marcado nuestra lucha de más de 20 años y eso es un homenaje a estos ingenieros que, con decencia e inteligencia, representaron una burguesía nacional que desde siempre se opuso al Terrorismo de Estado”.
Así, la Justicia Federal no solo pone fin a una intervención judicial ilegal, sino que también expone la conexión entre la dictadura militar y los intereses empresariales que se beneficiaron de su violencia ejercida. La anulación de los actos de usurpación sobre Mackentor no solo sienta un precedente en la lucha por la reparación de las víctimas, sino que también desafía el silenciamiento y la complicidad de sectores judiciales que perpetuaron durante décadas la impunidad de los crímenes cometidos por el Terrorismo de Estado.
