Jonathan Miguel Maiztegui (35) recibió su segunda condena. Perjudicó a un hombre de Buenos Aires al que le suplantó su identidad para cometer los delitos.
El Tribunal Oral Federal N° 3 de Córdoba capital, a cargo de Cristina Giordano, condenó a tres años de prisión domiciliaria contra Jonathan Miguel Maiztegui (35), un estafador serial reincidente que se hizo pasar por otro hombre, sacó créditos y compró motos por miles de pesos.
A través de un juicio abreviado, la magistrada homologó el acuerdo entre el Ministerio Publico Fiscal y el defensor público oficial Julio Aliaga Díaz por nueve hechos de estafa en concurso real con el uso de documento público falso.
El estafador serial
La investigación comenzó cuando un hombre denunció (querellante) que cuando fue a una sucursal del Banco Galicia en Capital Federal para realizar una operación financiera, se la rechazaron porque figuraba en el Veraz por una serie de deudas.
Entonces solicitó un nuevo informe al Veraz, del que surgía la existencia de numerosos créditos solicitados a su nombre ante diversas entidades financieras que no habían sido cancelados, por lo que fue incluido en el registro de morosos.
Las empresas crediticias le brindaron los detalles de las operaciones y constató que habían sido efectuadas con un DNI falso en que si bien figuraban sus datos personales reales, la foto era de otro hombre. También habían falsificado en su nombre recibos de haberes y una factura de Cablevisión Fibertel.
La denuncia fue remitida al fiscal federal N° 2 de Córdoba, Carlos Casas Nóblega, quien ordenó una serie de tareas investigativas para dar con el impostor. Del cúmulo probatorio confirmó que quien se había hecho pasar por la víctima para consumar las estafas era Maiztegui.
El fiscal logró detectar nueve hechos de estafa cometidos entre febrero de 2020 y junio de 2021.
Así, usando el DNI del damnificado, el estafador logró adquirir una motocicleta Bajaj V15 en el local Isa Franco y una Keller KN150-13 en Plaza Motos, además de diversos electrodomésticos, como televisores Samsung y LG de 55 y 50 pulgadas, aires acondicionados y zapatillas.
Simplemente, tramitaba planes de financiación y préstamos personales en efectivo ante empresas como Crédito Argentino, Linkstore Argentina, Crediar, Tarjeta Plata, Montemar y Fast Cred, afectando gravemente el historial crediticio de la víctima. Incluso, llegó a crear un perfil falso en la billetera virtual Prex para obtener un crédito.
Debido a su situación familiar, al ser el único cuidador de su hija menor de cinco años, la jueza dispuso que la pena se ejecute bajo la modalidad de prisión domiciliaria con estrictos controles de geolocalización.
Postura del Ministerio Público
Durante el juicio abreviado, el fiscal Augusto Richter sostuvo la acusación y solicitó la pena de tres años de prisión. Argumentó que se trataba de una conducta reiterada que causó un perjuicio económico directo y un daño moral a la víctima cuya identidad fue suplantada.
No obstante, consintió el beneficio de la prisión domiciliaria basándose en el interés superior del niño y la falta de antecedentes de violencia en los delitos cometidos.
Por su parte, el defensor Aliaga Díaz prestó su total conformidad con los términos del acuerdo, mientras que el propio Maiztegui reconoció integralmente su participación en los hechos, pidió disculpas a la víctima y manifestó su arrepentimiento.
La jueza Giordano homologó el acuerdo y valoró las pruebas, ya que, además de la confesión del imputado, indicó que existían peritajes morfológicos faciales que confirmaban que la foto en el DNI falso correspondía a Maiztegui.
“Tras analizar la prueba, de acuerdo a los principios que gobiernan la sana crítica racional, ha quedado acreditado que Maiztegui, utilizando el DNI adulterado a nombre de (la víctima), realizó diversas maniobras defraudatorias, adquiriendo productos y obteniendo créditos de diversas firmas”, indicó.
La magistrada subrayó que el uso de un documento público adulterado fue la herramienta necesaria para inducir a error a los damnificados y que la pluralidad de hechos demostraba una voluntad delictiva sostenida en el tiempo.
Finalmente, justificó la prisión domiciliaria como una medida para garantizar el cuidado de la hija menor de edad del estafador (que arrastraba una condena previa ante la Justicia provincial).
