El damnificado sufrió lesiones. Los demandados no comparecieron; solo la aseguradora.
El Juzgado Federal N° 1 de Córdoba condenó a una automovilista y el propietario del vehículo y a su aseguradora indemnizar con más de 60 millones de pesos al damnificado de un choque ocurrido entre las localidades de Santa Elena y Rayo Cortado, en 2024.
La resolución judicial ordenó pagarle al damnificado 62.561.466 pesos, que deberán ser soportados también por la aseguradora Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada.
La demanda en Córdoba
El demandante relató que el 13 de abril de 2024 circulaba a bordo de un Renault 12 por la ruta provincial 9, que une Santa Elena y Rayo Cortado, cuando fue impactado por un Volkswagen Gol, conducido por la demandada (y propiedad del codemandado), a raíz de una invasión imprevista del carril por parte de la conductora.
A causa de la colisión, el conductor del R12 sufrió traumatismo de cráneo y fracturas en acetábulo, fémur izquierdo y rótula derecha, requiriendo intervenciones quirúrgicas en el Hospital Italiano, de la ciudad de Córdoba.
La demanda fundamentó que las secuelas físicas le provocaron una minusvalía permanente que le impidió continuar desempeñándose como tractorista, por lo que reclamó el resarcimiento de daño emergente, daño moral e incapacidad sobreviniente.
El damnificado solicitó una indemnización de $ 80.808.597 o lo que surgiera de la prueba.
Postura de la aseguradora y de la demandada
Los codemandados no comparecieron a contestar la demanda promovida en su contra, mientras que la compañía citada en garantía, Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada, rechazó en forma general y particular la pretensión del demandante.
Al respecto, sostuvo la existencia del hecho de la víctima y atribuyó la responsabilidad exclusiva al accionante, alegando que el día del siniestro el demandante conducía a velocidad excesiva y zigzagueando entre carriles en la ruta.
Según la firma, el choque se produjo cuando la conductora del Gol intentó esquivar al 12 que invadió su mano de circulación, razón por la cual solicitó la exención total de responsabilidad e impugnó los rubros reclamados.
Fallo
El Juzgado Federal N° 1 hizo lugar de manera parcial a la demanda al encuadrar el caso dentro del régimen de responsabilidad objetiva por el riesgo de la cosa y la actividad riesgosa, en los términos de los artículos 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial de la Nación.
El juzgado sostuvo que al estar probada la participación activa del Gol en el choque (“cosa riesgosa”, no negada), operó una presunción de adecuación causal a favor del damnificado, que trasladó la carga de probar una causa ajena a la parte demandada.
Entonces, al no haber aportado la aseguradora elementos de prueba que respaldaran la alegada culpa de la víctima, el juzgado concluyó que no se demostró eximente alguno que liberara de responsabilidad a los demandados.
“Si bien se ha alegado la existencia de un hecho de la víctima, la citada en garantía no ha producido prueba que respalde sus afirmaciones. Por tanto, al no haber cumplimentado con la carga que pesaba sobre sus espaldas, corresponde fallar en contra de quien debía acreditar dichas circunstancias y tener por acreditada la relación de causalidad adecuada entre la intervención activa de la cosa riesgosa conducida por (la conductora del Gol), cuyo titular registral era el codemandado”, se indicó en el fallo.
Respecto de la indemnización, el juzgado fijó la suma total de $ 62.561.466, desglosada en $ 26.000.000 por daño moral cuantificado bajo la teoría de los placeres sustitutivos a valor de un vehículo usado de gama media, $ 200.000 por daño emergente en gastos farmacéuticos y terapéuticos presuntos, $ 720.000 para tratamiento psicológico, $ 3.479.152 por incapacidad vital pasada y $ 32.162.314 por incapacidad vital futura basada en la incapacidad física del 39,01 por ciento determinada por el peritaje médico.
Finalmente, la sentencia dispuso que a las sumas no actualizadas se les aplique la Tasa de Intereses Moratorios (TIM) establecida por el Banco Central.
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