Por Andres Correa.

En un marco nacional de ajuste continuo, la justicia, no escapa a la tónica de los tiempos.

A los salarios deprimidos que arrastran alrededor de un 30% de perdida contra la inflación, se suma la falta de designación de personal y magistrados, que recarga al personal existente deteriorando aún mas el servicio de justicia que se presta día a día.

La falta de presupuesto nacional hace que los fondos sean administrados por el gobierno de manera discrecional, situación que, si bien discursivamente se tomó como un inconveniente para el ejecutivo nacional, en la práctica se convirtió en algo deseado al poder manejar los recursos ad libitum.

Sin ir más lejos y a manera de confirmar estos dichos solo basta ver la labor de la comisión legislativa de presupuesto comandada (hasta hace unos días) por el ahora caído en desgracia José Luis Espert, quien se dedicó a pisar cada una de las reuniones y propuestas para poder contar con un presupuesto nacional en el 2026.

Cada partida que la Corte Suprema debe discutir y demandar al ejecutivo por intermediación del Ministro de Economía resulta una afrenta innecesaria de un poder que se dice independiente dentro de un estado soberano y de derecho.

Lo cierto es que se hace desgastante tener que discutir mes a mes acuerdos salariales que nunca llegan a cubrir la inflación real ni mucho menos recomponer lo perdido en los salarios.  

Si no se cuida a los recursos humanos que componen a uno de los tres poderes fundamentales del estado, mucho menos todavía se puede pretender el mantenimiento de los recursos edilicios que den un soporte básico para un funcionamiento acorde. Suena revolucionario pretender un planeamiento o mirada a futuro de las inversiones requeridas para mejorar en todo orden el servicio de justicia.

A manera de ejemplo, cada cambio de temporada, año a año, vuelven a reclamarse las mismas demandas con respecto a la infraestructura de los edificios de la Justicia Federal en Córdoba. Falta de calefacción en invierno, o de aire acondicionados en verano son reclamos mínimos para que el personal pueda trabajar en condiciones normales y dignas. Mobiliario acorde (sillas. escritorios, mesas o mostradores) son reclamos presentados por la UEJN Regional 9 que vuelven a reiterarse sin tener, al día de hoy, su debida respuesta.

Pretender la instalación de WIFI o la construcción de escaleras de emergencia para cualquier contingencia o accidente que pudiese surgir es impensado cuando los empleados deben retirarse para continuar sus tareas desde el hogar cuando la temperatura del día es muy alta o muy baja dependiendo del clima. Cuando no se cumple con lo mínimo para asegurar un trabajo normal cualquier mirada a futuro se vuelve inviable.   

Otro déficit de inversión es la capacitación acorde que genere en el personal la necesidad de informarse y educarse continuamente para jerarquizarse y mejorar su desempeño diario.  Una sana competencia para cubrir mejores puestos laborales y pensar en una carrera judicial que permita desarrollarse como personal especializado es también, materia de inversión y planeamiento. La implementación del nuevo Código Procesal Penal, a manera de ejemplo, a debido afrontarse sin la capacitación acorde a los cambios propuestos y con los ¨humildes¨ paliativos como los cursos brindados este año organizado conjuntamente por la Regional 9 y la UNC.

Un presupuesto es mucho más que contar con los recursos necesarios, es a lo visto y después te todo lo expuesto, una forma de desarrollarse y construir a futuro una mejor justicia para todos.